Después de dos años y medio de frenético endeudamiento externo que llegó a ser el mayor de la historia económica nacional para un período tan breve ( Cambiemos emitió deuda en moneda extranjera por 140.000 millones de dólares hasta junio de 2018, según el Observatorio de la Deuda de la UMET), ante el súbito cierre de los mercados de crédito internacionales, el gobierno acudió de emergencia al FMI para evitar una cesación de pagos con los acreedores financieros. El auxilio del Fondo permitió continuar saldando esos compromisos y, si bien la situación actual no es considerada técnicamente como un default en el mundo de las finanzas, en la práctica opera como una cesación de pagos selectiva y parcial.

El FMI le impuso al gobierno, como condición del préstamo, una drástica reducción del déficit fiscal primario. Así, la administración nacional puede cumplir en tiempo y forma con los pagos de capital e intereses de deuda. Sin embargo, el Estado no posee sólo pasivos con acreedores financieros, también los tiene con proveedores de bienes y servicios, empleados públicos, jubilados y pensionados. Estos últimos tres tipos de compromisos, en términos reales, están saldándose con una quita muy importante, mayor que la que se difunde.

Desafortunadamente, no es algo extraordinario que esos grupos sociales sufran una merma en sus ingresos en períodos de crisis. Pero lo relevante a observar en este caso es la magnitud del recorte y que no hay perspectiva de recuperación de salarios y haberes bajo el actual modelo. La reducción de ingresos viene subestimándose en buena medida, dado que predomina un análisis excesivamente simplista que sólo compara el aumento nominal de los salarios y jubilaciones respecto al incremento del IPC del Indec.

Si bien esa forma de medición hasta hace unos años era correcta y da cuenta de que los salarios subieron, entre el inicio de al crisis (abril de 2018) y el último dato disponible (febrero de 2019) 16 puntos menos que la inflación y las jubilaciones 19 puntos menos, ese cálculo no representa la pérdida real que están enfrentando la gran mayoría de esos trabajadores activos y pasivos. Básicamente, la necesidad de modificar la forma de medición obedece a que las políticas aplicadas provocaron un muy fuerte cambio de precios relativos donde los bienes y servicios que más aumentaron (tarifas de servicios públicos, combustibles, alimentos y remedios) lo hicieron en una magnitud muy desproporcionada respecto al resto de los bienes y servicios y se trata de consumos prácticamente insustituibles.

Por caso, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), desde inicios de 2016, los incrementos de tarifas acumulados promedio treparon al 3.624% en energía eléctrica, al 2.401% en gas natural y al 1.025% en agua potable de red. En tanto, la inflación, desde enero de 2016, hasta abril pasado inclusive, suponiendo un aumento del 4,5% en el último mes, habrá alcanzado una suba del 214% que incluye a las tarifas. Por lo tanto, el resto de los bienes, excluyendo las tarifas debieron aumentar significativamente menos. En menor medida, pero también de forma desproporcionada subieron los precios de los remedios y los alimentos. Los primeros, de acuerdo también al análisis de la Undav, acumularon un alza del 253% en el mismo período y alimentos básicos como los lácteos, aceites y derivados del trigo registraron incrementos que superaron el 300%. El cambio de precios relativos, en especial de las tarifas en relación al resto de los bienes, generó un cambio inédito en la estructura de consumo que amerita un cálculo particular para poder medir la pérdida real del poder de compra. Es por este motivo que salarios públicos y jubilaciones, que mayoritariamente se trata de ingresos medios/bajos y bajos, registraron un empeoramiento de su poder adquisitivo considerablemente mayor que debería calcularse en base a una canasta de consumo específica.

El recorte real de los ingresos de esos grupos sociales, ordenado por el FMI, implica claramente un tratamiento discriminatorio y abusivo por parte del Estado en la distribución de sus gastos. Y, aún a pesar de las enormes dificultades de la administración pública, en cambio, a los acreedores financiero se les paga el 100%.

En el medio, la contracción de la demanda que implican esas políticas, sumada a otras como la abrupta suba de las tasas de interés, la apertura comercial, la recargas impositivas a las exportaciones y los referidos aumentos de tarifas contraen la capacidad productiva nacional. Así el gobierno, no declara formalmente el default, genera una cesación de pagos parcial y discriminatoria y, al deteriorar las posibilidades genuinas de generar riquezas a través de la actividad productiva y al haber endeudado como nunca al país, lo que ha hecho es postergar la declaración formal de default. El forense no es el asesino. Ni la hora del informe de la autopsia es el de la muerte.

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