Una constructora que ganó la licitación para uno de los contratos de Participación Público Privada ( PPP) se presentó a concurso preventivo ante la justicia de Mendoza, que ya abrió el proceso. Se trata de Green SA, una empresa que se alió con la china CCA para el corredor B, que comprende la mejora de la ruta nacional 5.

La jugada es una forma de reestructurar los pasivos y evitar la quiebra y, según comentan en el sector, hay un gran número de compañías que “están al filo de la convocatoria”, ante la demora en los pagos por parte del Gobierno nacional y la falta de financiamiento local e internacional que impidió el inicio de las obras de PPP.

Lo cierto es que el juez Pablo González Masanes, del tercer juzgado de procesos concursales, resolvió hacer lugar al pedido de Green, que advirtió haber entrado en cesación de pagos. Lo curioso es que la firma mendocina aduce la rescisión de un subcontrato por parte de la Unión Transitoria de Empresa ( UTE) que formó la propia Green con CCA para la operación del corredor B.

“Indica como fecha de inicio de tal estado el 30/09/2019, cuando CCA GREEN B S.A. rescindió el subcontrato de obra con Green S.A., privándola de disponer de fondos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones”, reza el texto firmado por González Masanes.

“Considera que en las condiciones financieras y económicas en que se encuentra, el concurso preventivo es el remedio legal más eficiente para lograr la continuidad de su actividad empresarial y el ámbito para que los acreedores concurrentes cobren sus créditos”, cita el juez en el escrito. La presentación de una constructora ganadora de una PPP a concurso es la crónica de una muerte anunciada. Este tipo de contratos había sido pensado por el macrismo para un riesgo país de unos 300 puntos, como una forma de evitar un mayor nivel de gasto público o de endeudamiento. Los privados debían salir a buscar financiamiento en el exterior para estos seis proyectos que estaban en torno a los US$1.000 millones cada uno sólo en los primeros cuatro años.

Pero las sucesivas rondas devaluatorias y el cierre de los mercados externos volvieron inviable a esta iniciativa, que las constructoras estiman a partir de 2020 deberán reformularse para poder llevarlas adelante.

Los trabajos todavía no comenzaron en ninguno de los corredores, más allá de las tareas preliminares como el bacheo, limpieza, y el removido de la tierra.

En ese sentido, el ajuste fiscal que ya lleva dos años y que se concentró particularmente en la obra pública, junto a la suba de costos y la disparada en las tasas de interés llevaron a las empresas del sector a una situación extremadamente delicada, como lo muestra la situación de Green.

Mientras tanto, el resto de los corredores se encuentran en situaciones disimiles. Algunas constructoras comenzaron a trabajar a un mayor ritmo para mostrar interés de cara al próximo gobierno, y así conservar la licitación. Otras, como Cartellone, debieron sumar socios extranjeros para obtener fondos.

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Ignacio Ostera

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