El FMI y la OCDE hicieron referencia en informes recientes a la situación de las empresas públicas y en particular a Aysa. La institución financiera, en su ultima revisión del Artículo IV recomendaba un "menor involucramiento" del Estado mientras que el organismo que nuclea a países desarrollados advirtió que la compañía de agua y saneamientos es "una de las empresas estatales más propensas al déficit".

El FMI indicó en el reporte sobre la economía argentina que unos de las "distorsiones estructurales" que mantenía el país era el "control estatal", dentro de lo que reconoció: "precios regulados, subvenciones, protección a las empresas estatales y préstamos subvencionados". Para eso recomendó "eliminar los controles de precios, racionalizar los subsidios, reducir la participación del estado, garantizar la neutralidad regulatoria, incluso mediante la revisión o eliminación de la protección regulatoria de las empresas ya establecidas". La OCDE, en un informe difundido hace dos semanas sobre "Gobernanza en las empresas estatales" argentinas, se refirió a Aysa como una de las compañías que más tendencia tuvo al desequilibrio operativo. "En parte debido a las grandes inversiones necesarias para mejorar la calidad y la cobertura de sus servicios, Aysa hasta hace poco era una de las empresas estatales más propensas al déficit del país y dependía en gran medida del apoyo del gobierno nacional. A partir de 2017, el gobierno se ha comprometido a subsidiar solo las inversiones de capital y la empresa ha logrado cubrir los costos operativos al aumentar las tarifas a los usuarios", ponderó. El informe de la OCDE, de todas formas, no hizo ninguna recomendación sobre el modelo de propiedad que deberían tener las empresas públicas.

Un documento de trabajo publicado realizado por un economista de la OCDE, de todas formas, advirtió que "el objetivo final de la propiedad estatal debería ser maximizar el valor para la sociedad, a través de una asignación eficiente de recursos y la calidad de los servicios. En el caso de las empresas estatales que presenten un bajo rendimiento recurrente, el gobierno debería considerar estructuras de propiedad alternativas o revisar los incentivos de gestión".