El Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases con el objetivo de avanzar en las reformas propuestas por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. En este contexto, se contempla la privatización de varias empresas públicas, un paso significativo hacia la reestructuración del sector estatal.

La reglamentación se hizo efectiva este lunes a través del Decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, acelerando la implementación de la normativa. Este decreto es el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido y finalizó con intensas negociaciones lideradas por Guillermo Francos.

Cuáles son las empresas estatales que se van a privatizar

La reglamentación instrumenta el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas:

Energía Argentina

Intercargo

AySA

Belgrano Cargas

Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)

Corredores Viales

Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA)

Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

Estas empresas, fundamentales en diversos sectores estratégicos, pasarán por un proceso de privatización que busca mejorar su eficiencia y reducir el gasto público.

Cómo será el proceso para la privatización

El proceso de privatización establecido por la Ley Bases exige que el ministro o secretario de la Presidencia, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa a privatizar, eleve un informe detallado al Poder Ejecutivo. Este informe debe precisar la propuesta concreta para la privatización, incluyendo:

El carácter total o parcial de la privatización y su fundamento.

Las alternativas de procedimiento adecuadas para el caso.

Las modalidades convenientes para materializar la privatización.

El procedimiento de selección a utilizar.

Los plazos estimados para cada etapa del proceso.

La eventual propuesta para el otorgamiento de preferencias conforme al artículo 16 de la Ley Nº 23.696 y la aplicabilidad de un Programa de Propiedad Participada.

Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso. Con la autorización del Ejecutivo, el funcionario podrá iniciar los procedimientos de privatización, que incluyen la convocatoria de ofertas del sector privado.

La normativa también aclara que, antes de formalizar los contratos resultantes de estos procedimientos, la Autoridad de Aplicación deberá consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación. Si la Procuración realiza alguna observación o sugerencia, se deberá elaborar un nuevo informe.

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