Un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) relevó la situación laboral en Argentina, y las cifras llaman la atención: desde que asumió el presidente Javier Milei a fines de 2023 que hay casi 200 mil empleos formales menos.

Estos resultados se alinean a otra encuesta que realizó Atlas Intel y Bloomberg, que refleja la principal preocupación en el país. Para el 44% de los argentinos, lo que más les preocupa es la falta de empleo. 

Alineada a esos datos, la investigación de la UBA señaló una pérdida de casi 196 mil puestos de trabajo en relación a noviembre de 2023. Incluso, un recorte profundiza más en la temática: entre marzo del 2024 y marzo de este año se registró una caída de 71.000 puestos de trabajo.

El informe también definió que, para marzo 2025, alrededor de 10.104 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social. Es decir, empleados asalariados en el sector privado y público y en casas particulares.

De esta manera, las caídas consecutivas del empleo desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024 hicieron que el empleo asalariado formal quede estancado. Si bien por momentos presentó leves mejorías, para marzo de este año se registró una reducción de 9 mil puestos de trabajo con respecto a febrero. 

Como resultado, el número total de trabajadores formales a marzo de este año se encontró en un rango similar al de julio y agosto del año pasado. 

 

Todos estos datos se sacaron a raíz de la base de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El Salario Mínimo, Vital y Móvil, un eje que cada vez incide más en la situación laboral

El salario mínimo también presentó una caída importante desde el inicio del gobierno de Milei. Se registró un descenso del 32% entre noviembre del 2023 y mayo de 2025, que lo sitúa por debajo de las cifras reveladas en pleno 2001, antes del Plan de Convertibilidad.

Además, los mismos datos representan una erosión del 62% respecto del valor máximo del universo delimitado, pero situado en septiembre de 2011.

El trabajo estuvo coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que pertenece al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.