En momentos definitorios del proceso de reestructuración de los USD66.200 millones de deuda externa, Alberto Fernández hará un gesto y hablará por primera vez ante los principales acreedores, quienes reclaman desde hace meses un diálogo directo con el Presidente sin la intermediación del ministro Martín Guzmán. No será de ese modo. Pero en la videoconferencia que organiza este martes el Consejo de las Américas podrán escuchar al mandatario y, además, hacerle preguntas. Mientras continúa la negociación, los fondos pugnan por una nueva suba en la oferta de canje que ya se elevó en más de $10.000 millones desde abril y el Gobierno asegura que llegó hasta acá.

Luego de que los acreedores más dialoguistas apoyaran la propuesta formalizada en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) hace dos semanas, el Ejecutivo busca sumar adhesiones que le permitan superar el piso de participación fijado en el 50% de los bonos emitidos por Mauricio Macri y los del canje 2005 para hacer efectiva la operación, y acercarse a las mayorías necesarias para que el canje sea generalizado: el 66% y el 85% respectivamente. Para ello, apunta a captar a los tenedores minoristas que poseen más de la mitad de los títulos y a romper la alianza entre los grupos mayoritarios Ad Hoc, que lidera BlackRock, y Exchange.

Para destrabar las cláusulas de acción colectiva (CAC) y evitar un canje parcial, será clave la decisión que tomen los fondos más hostiles por su peso específico en el establishment financiero internacional. Muchos de ellos serán parte del auditorio de Fernández el martes: sin confirmaciones aún, se espera por Larry Fink (BlackRock), Mark Coombs (Ashmore) y Abigail Johnson (Fidelity), entre otros integrantes de Ad Hoc, además de Emmanuel Roman, del mayor tenedor no agrupado, Pimco.

Ante la consulta de BAE Negocios, en el entorno presidencial descartaron un rumor que circuló en el mercado. Tras el evento, el mandatario no mantendrá ninguna reunión mano a mano con Fink u otro bonista.

En una entrevista de este domingo con el Financial Times, Fernández dio un adelanto del mensaje que transmitirá a los acreedores: “No habrá otra oferta. No podemos hacer nada más. “Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos”.

El mercado leyó en el proyecto de canje local, que ingresó a última hora del jueves al Senado, una señal de flexibilidad para elevar la propuesta a los acreedores externos. Así lo planteó incluso la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Axel Kicillof. Es que el texto, que confirmó condiciones equitativas para los tenedores de deuda con jurisdicción argentina, incluyó una especie de cláusula RUFO para los bonos que surjan de este segundo tramo de la reestructuración, es decir, la garantía de que quienes entren ahora recibirán cualquier mejora en el ofrecimiento que se haga en los próximos cinco años.

Es absolutamente forzada esa lectura. La RUFO es una protección que busca dejar en claro que el tratamiento equitativo que se está dando ahora se va a mantener en el tiempo en cualquier escenario. La oferta externa es definitiva”, le dijeron en Economía a este diario.

Fuentes de los bonistas, en tanto, dejaron trascender que en los últimos contactos se negociaron algunas cláusulas legales. En especial, la posibilidad de sumar límites a la reasignación de bonos que podrá usar el Ejecutivo para avanzar en una sucesión de canjes parciales. Los funcionarios restan trascendencia a esas conversaciones.

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