La propuesta de canje que llegó a la mesa de negociación por medio de banco suizo UBS, asesor del grupo de bonistas más proclive a acordar, ya consiguió la adhesión de cuatro fondos pero también la resistencia los más duros, liderados por BlackRock. Pese a ello, la estrategia del Gobierno es avanzar en la formalización de esa nueva oferta para la reestructuración de USD66.200 millones de deuda externa e intentar aprovechar la interna abierta en Wall Street para traccionar a tenedores de los grupos Ad Hoc y Exchange, los más reacios, mientras continúa el diálogo con todos los acreedores.

Con casi todos los detalles terminados, BAE Negocios supo de fuentes oficiales que el envío de la enmienda a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) es inminente. La intención es que sea esta misma semana, aunque podría demorar algunos días más.

Por lo pronto, el Ministerio de Economía recibió este martes la adhesión de cuatro de los fondos asesorados por UBS: Fintech, del mexicano David Martínez, Gramercy, Oaktree y Greylock, que lidera el Comité de Acreedores de Argentina (ACC). El resto de los integrantes del ACC aún no dieron el ok pero el diálogo continúa abierto y el Gobierno espera que la oferta actual termine de convencerlos. Este comité creció en las últimas semanas producto de la migración de algunos bonistas que se distanciaron de BlackRock por su hostilidad en la negociación, según pudo confirmar este diario con fuentes del mercado.

Por el contrario, Ad Hoc y Exchange emitieron un duro comunicado conjunto en el que aseguraron que no hubo “un compromiso significativo entre ellos y las autoridades argentinas desde el 17 de junio”, cuando se cayó el acuerdo de confidencialidad (NDA), y reclamaron una “falta de compromiso serio por parte de las autoridades argentinas”. Con todo, expresaron que están “dispuestos a participar de manera constructiva para llegar a un acuerdo consensuado que la Argentina y sus acreedores puedan apoyar”.

Fuentes del Gobierno afirmaron que fue "una decisión unilateral" de esos agrupamientos la de bajarse del NDA y respondieron:  “Argentina vía sus asesores continúa en diálogo con los distintos grupos. Lo que ellos piden es insostenible y exigen cláusulas legales inaceptables para la República".

"Las negociaciones están duras pero hay acreedores que están trabajando de una forma mucho más constructiva para Argentina y con voluntad de llegar a un acuerdo sostenible. Otros (principalmente Ad Hoc) están en una posición intransigente", agregaron en el Ejecutivo.

Pese a no tener el consenso de BlackRock y Ashmore, que presionan para cobrar más y obtener contratos más beneficiosos de los que hoy poseen en términos legales, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, esperan que otros de sus aliados terminen ingresando una vez presentada la enmienda. También apuntan a traccionar a buena parte de los acreedores no agrupados, que ostentan más de la mitad de los bonos elegibles.

Es que la nueva oferta ronda los USD53 por cada USD100 de valor nominal. Un número que supera el tope que había pautado el FMI para mantenerse dentro del marco de sustentabilidad pero que, como contó BAE Negocios, cuenta con el guiño del organismo. Es que, según fuentes del mercado, las modificaciones no harían superar el techo anual de pagos en servicios de deuda pautado por el staff técnico en 3% del PBI.

Las principales modificaciones económicas son el adelanto en el pago de los cupones, aunque mantiene las tasas de interés promedio algo por encima del 3%; la incorporación de un “premio” para los bonistas que ingresen ahora al canje a través de un mayor pago de los intereses devengados hasta el momento de la reestructuración; y la exclusión del endulzante atado a las exportaciones ya que los bonistas no le asignaban el valor que el Gobierno esperaba.

En lo legal, como adelantó este diario, más allá de algunas variantes contractuales respecto de la versión anterior, se descarta la extensión del marco legal de 2005, que da más herramientas para litigar a los acreedores, a todos los nuevos bonos, como pretende Ad Hoc. Al respecto, Guzmán recibió el respaldo del director de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, Leland Goss, en una nota publicada en la memoria anual del Club de París, en la que reivindicó las cláusulas acordadas por la comunidad financiera internacional a partir de 2014 como la “forma estándar” vigente.

La intención oficial es conseguir el mayor caudal posible de adhesión a la oferta. Aunque el escenario está todavía abierto, en el mercado ven difícil la posibilidad de que se llegue al piso necesario para activar en todos los bonos las cláusulas de acción colectivas (CAC) de entre el 50% y el 75%, según cada título, para avanzar en una reestructuración global. Así, empiezan a descontar la posibilidad de que se avance en un canje parcial para continuar luego con una negociación más dura con quienes queden afuera.

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