El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, confirmó que espera la llegada a Washington del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo a mediados de marzo para avanzar en la discusión del nuevo programa. Además, adelantó que el staff del organismo trabaja en un informe “autocrítico” sobre programa Stand By firmado en 2018 con el Gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, Guzmán se lanzará en busca de apoyo de los países más poderosos del mundo para las negociaciones tanto con el FMI como con el Club de París.

En su habitual conferencia de prensa quincenal, Rice evitó precisar la fecha de una próxima misión formal del staff al país aunque ratificó que esperan la llegada de la comitiva argentina. Además, el portavoz aseguró que, mientras tanto, las discusiones “continúan siendo muy activas y constructivas”.

La novedad, tras la carta enviada este lunes a la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI por parte del bloque de senadores del Frente de Todos en la que instaban a investigar las irregularidades del programa de 2018, es que Rice adelantó que el propio staff del organismo trabaja en un informe sobre ese acuerdo que se publicará en los próximos meses. Se trata de un análisis distinto al que realiza la OEI.

“El personal está trabajando en una evaluación que analizará el programa de 2018. Lo hacemos para todos los casos de programas de acceso excepcional. Examinaremos el contexto y el desempeño del programa. La idea es extraer lecciones. Este modo de ser autocrítico y transparente es uno de los puntos fuertes del FMI. No tengo un cronograma específico para el informe. Pero se llevará a nuestra Junta para su discusión y se publicará como todas estas evaluaciones ex post”, expresó Rice.

El oficialismo cuestiona el monto récord por ser “desproporcionado en relación a las reales posibilidades financieras de repago” y el hecho de que buena parte del mismo se haya utilizado para financiar un proceso de salida de capitales del país, algo que prohíbe el Estatuto del FMI. Son los argumentos con los que el Gobierno empuja por una excepcionalidad en este caso favorable para el país: una ampliación de los plazos del nuevo programa más allá del tope de diez años que prevén los acuerdos de Facilidades Extendidas (EFF por su sigla en inglés), la línea en negociación.

Guzmán señaló en una reciente entrevista con AM 750 que “poder tener un programa distinto (al EFF, en cuanto a sus plazos de repago) requeriría cambiar la estructura financiera internacional y eso requeriría el apoyo de los países más avanzados”.

La búsqueda del apoyo del G7

Durante la visita oficial a México, el presidente Alberto Fernández le pidió a su par Andrés López Obrador que interceda ante el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de respaldo para un acuerdo más flexible en cuanto los plazos. En paralelo, Guzmán hará su propio roadshow ante las grandes potencias.

Este viernes tendrá una primera parada en la reunión virtual de ministros de Economía y Finanzas del G20, donde participarán representantes de todos los principales accionistas tanto del Fondo como del Club de París que no son otros que otros que los países del G7. Entre ellos, será de la partida Janet Yellen, la secretaría del Tesoro de Estados Unidos, una pieza clave ya que su silla en el directorio del organismo equivale al 16% de los votos, lo suficiente para vetar las decisiones excepcionales –como la que busca el Gobierno argentino- que demandan un 85% de los mismos.

Es por eso que ministro volará a Washington a mediados de marzo. La visita estaba prevista originalmente para fines de febrero. Allí, se reunirá con los jefes de la misión que negocia con Argentina, Julie Kozack y Luis Cubeddu, y posiblemente con la directora gerente, del FMI, Kristalina Georgieva. Aunque también buscará avanzar en conversaciones con Yellen u otros funcionarios del Tesoro estadounidense en pos de un respaldo para el acuerdo.

Luego, como adelantó Fernández al explicar el motivo de la vacunación de distintos integrantes de Economía, realizará una gira por otros países del G7. Aún no está confirmado el cronograma, pero las fuentes del Palacio de Hacienda le adelantaron a BAE Negocios que en principio Guzmán y su equipo regresarán a Buenos Aires y entre abril y mayo viajarán a Europa y a Asia. En el “Viejo Continente”, los destinos más probables por el momento son Alemania e Italia.

Si bien las conversaciones con el FMI están avanzadas en algunos puntos, restan aspectos a definir de las metas del programa plurianual, sobre todo en el plano fiscal y monetario, donde el Fondo concentra sus mayores exigencias. Aunque otro foco de dilación, que hace aparecer como improbable un acuerdo en mayo, como busca el Gobierno, es el intento oficial de conseguir que el organismo haga una excepción y otorgue un plazo mayor de devolución del nuevo préstamo que refinanciará los alrededor de 45.000 millones de dólares de deuda que dejó el acuerdo firmado en 2018 por Mauricio Macri.

La línea EFF prevé una extensión máxima de diez años. Por el enorme monto a saldar, esto podría llevar a pagar hasta más de 6.000 millones de dólares anuales –ya que habría un período de gracia de unos 4 años-, un monto inabordable para la economía argentina, que por esos años ya afrontará vencimientos por entre 5.000 y 10.000 millones anuales como resultado del canje con los bonistas. Para intentar lograr cierta flexibilidad en este plano, el Gobierno apela a la excepcionalidad que ya constituyó el programa de 2018, no solo por su monto sino porque buena parte se utilizó para financiar un proceso de salida de capitales, algo que prohíbe el propio estatuto del organismo.

Desde el Ejecutivo ya admiten que es probable que los plazos de negociación con el Fondo se estiren más allá de mayo, un objetivo que el director del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, consideró “ambicioso” días atrás. Esto dificulta la posibilidad de reestructurar la deuda con el Club de París antes del vencimiento por unos 2.400 millones de dólares del 30 de ese mes. El consorcio de países acreedores exige que previamente se cierre un acuerdo con el FMI. Con todo, existe un plazo de gracia de 60 días antes de que se haga efectivo un eventual default que el Gobierno utilizará en caso de ser necesario. El deadline hoy parece ser el 30 de julio.

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