El Gobierno termina de definir la letra chica del paquete de medidas que lanzó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo. Avanza en un megaproyecto de reformas, vía una maniobra de pinzas entre decretos y leyes a aprobar por el Congreso, para achicar el gasto en 2,9 puntos del PBI y aumentar ingresos en 2,2 puntos, con el fin de eliminar el déficit fiscal. Uno de los puntos más salientes es la pata tributaria, ya que plantea volver a aplicar el impuesto a las Ganancias; un blanqueo de capitales; nuevos planes de pago para deudores; la suba de las retenciones para el agro y una baja de las alícuotas de Bienes Personales. Además, el paquete de proyectos incluye a las reformas laboral y política y los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, equivalente a un recorte de 0,4 puntos del Producto, según cálculos oficiales.

Pese a que todavía no hay precisiones al respecto entre los equipos del oficialismo, se espera que esta semana, el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el paquete de reformas que el Gobierno no podrá sancionar vía decreto. Durante los últimos días circuló un borrador con los lineamientos de algunos de los proyectos de ley que deberán ser tratados por los legisladores. Entre ellos, se incluyó el vinculado a la eliminación del actual régimen de movilidad jubilatoria que dispone aumentos trimestrales, que buscará ser reemplazado por subas discrecionales por decreto. Desde el Palacio de Hacienda esperan que, una vez implementado, eso permita achicar el gasto en un 0,4% del PBI.

Por el lado de los ingresos, los números oficiales estiman un incremento del 2,2 puntos del Producto, consecuencia de una amplia reforma tributaria. Por ejemplo, la reversión del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores a partir de ingresos de $970.000. La actualización ya no estaría vinculada con la evolución del salario mínimo, sino que se ejecutaría una vez al año a partir del Ripte, que es el índice de la remuneración promedio de los trabajadores estables, sujeta a aportes al SIPA, y tendría un impacto en la recaudación de otros 0,4 puntos. 

La mayor parte del incremento total de los ingresos vía política tributaria en 2024 será gracias al impuesto PAIS, según la expectativa oficial, con un aporte del 0,8%, producto de una alícuota del 17,5% para las importaciones. También sumarán las retenciones del 15% al agro, que aportarían un 0,5% al cálculo final. El 0,5% restante se corresponde a un blanqueo de capitales, con una multa del 5%; nuevos planes de pago para deudores, lo que incluye descuentos, cuotas y condonación de deudas de diversa magnitud; junto a una baja progresiva en las alícuotas de Bienes Personales, que finalizaría en diciembre de 2027 con un impuesto unificado del 0,75%.

Desde la consultora Invecq tomaron con escepticismo las pretensiones de la nueva administración en el frente fiscal, ya que, según sus proyecciones, "el aumento de la recaudación puede estar siendo subestimado, mientras que el ahorro en los gastos sobreestimado", aunque aclararon que "aún faltan muchos detalles como para dimensionar el impacto final de lo anunciado". 

También advirtieron que "no es seguro que dicho ajuste pueda llevarse a cabo, al menos en la magnitud que se propone". Y detallaron: "En primer lugar, porque algunas medidas deberán pasar por el Congreso, por lo que su ejecución no depende pura y exclusivamente del gobierno. En segunda instancia, porque el paquete inicial carece de políticas de ingreso -más allá de la suba de la AUH y Tarjeta Alimentar- que protejan a sectores vulnerables como jubilados y gran parte de los informales; por lo que también es una incógnita si 'la calle' tolerará este recorte en un contexto de notable aceleración inflacionaria y pérdida de poder adquisitivo (que se suma al deterioro de los últimos años)".

Un diagnóstico similar realizó Eco Go, que planteó que "desde el lado de los ingresos la propuesta fiscal parece accesible y fácil de lograr en el corto plazo, dado que en el grueso de los cambios no interviene el Congreso". Sin embargo, la ecuación se invierte en el caso del gasto. Además del recorte a jubilados, la consultora remarcó que la quita de subsidios económicos, un 0,7% del PBI y Programas sociales con intermediarios (0,4% del PIB) son medidas difíciles de implementar, puesto que "tienen consecuencias negativas desde lo social".