El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, que autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de canje de pasivos soberanos emitidos bajo jurisdicción extranjera. Sin detalles de la propuesta que se les presentará a los acreedores, lo que se busca es el aval legislativo para que los nuevos bonos a emitir como parte de la reestructuración sean colocados también bajo ley Nueva York.

Con la aprobación del proyecto, que ingresó a las 19 a Diputados, el Gobierno intenta conseguir respaldo político de cara al inicio de las negociaciones formales con los tenedores, que Alberto Fernández espera encaminar antes del 31 de marzo. Además, busca obtener amplias facultades para ese proceso. Fuentes parlamentarias le adelantaron a este diario que el próximo martes se tratará en la comisión de presupuesto y al día siguiente en la de labor parlamentaria. El oficialismo, que confía en conseguir el apoyo de un sector importante de la oposición, procurará obtener media sanción el jueves 30 de enero.

El texto declara prioritaria "la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa" en los términos de la Ley de Administración Financiera, que establece como criterios obligatorios para toda reestructuración "un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales". El ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho más temprano, en conferencia de prensa, que deben cumplirse al menos dos de esos tres requisitos.

Si bien aún no hay precisiones sobre la propuesta oficial para los bonistas, algo que generó malestar en el mercado y hundió la cotización de los bonos, el propio Guzmán ya anunció que una de las claves del plan es conseguir un período de gracia de al menos dos años, lo que implicaría una suspensión de los pagos de capital y probablemente también de los intereses, bajo la premisa de que para pagar hay que crecer. El funcionario solicitó "buena fe" de parte de los acreedores y les pidió "el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico".

Respecto de los montos, el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, quien trabajó con Guzmán hasta hace semanas en la Universidad de Columbia, aseguró ayer que la reestructuración argentina implicará una fuerte quita.

El ministro aclaró ayer que no difundirá detalles de la oferta durante las conversaciones pero afirmó que, antes de sellarse, pasará por el Congreso.

El proyecto de sostenibilidad habilita a la Jefatura de Gabinete a hacer modificaciones presupuestarias para cumplir con los compromisos del proceso de renegociación y exime del pago de impuestos a las operaciones que emerjan de él. También faculta al Ministerio de Economía a dictar documentos complementarios para prorrogar la jurisdicción extranjera de los títulos en cuestión, a emitir nuevos bonos con el fin de modificar el perfil de vencimientos y a designar entidades y asesores para coordinar la reestructuración.

Aunque establece ciertos límites: por un lado, los contratos con asesores pagarán comisiones a valor de mercado aunque no podrán superar el 0,1% del monto canjeado; por otro, fija una serie de bienes inembargables pese a la delegación de la jurisdicción.

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