El Gobierno enviará el martes al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2021. Será el primero elaborado por la administración de Alberto Fernández, quien durante el fin de semana dio el último vistazo al texto que le hizo llegar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tras un año signado por una pandemia que profundizó la crisis económica y social legada por la gestión de Cambiemos, el foco estará puesto en la recuperación de la actividad aunque su impronta también estará marcada por la prudencia fiscal en el marco de una apuesta por avanzar hacia un ordenamiento de las cuentas públicas.

El proyecto será remitido por la Jefatura de Gabinete e ingresará por Diputados, donde primero se debatirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recién unas semanas después se prevé que llegue al recinto. La presentación de sus lineamientos ante los legisladores podría estar a cargo del propio Guzmán, aunque esto no fue confirmado aún. Fuentes oficiales le dijeron a BAE Negocios que el ministro terminará de definir la modalidad este lunes junto al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner. La alternativa es que la exposición la realice el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Según la descripción que realizan los funcionarios, será un esquema de ingresos y gastos del Estado de transición hacia el ordenamiento macroeconómico, bajo la premisa acuñada por Guzmán de “tranquilizar la economía”. En otras palabras, implicará una reorientación de las partidas públicas con miras a la reactivación al mismo tiempo que se intentará dar una señal hacia el mercado, con el inicio de un sendero al equilibrio fiscal, que será uno de los ejes clave de la negociación en marcha con el FMI.

Los dos números concretos que adelantó Guzmán son muestra de esa dualidad. La previsión de un déficit primario de 4,5% del PBI y la duplicación de la inversión en obra pública respecto del presupuesto 2019 –para 2020 se prorrogó el del año previo-, que pasará a representar el 2,2% del producto. Economía espera que el gasto de capital sea uno de los motores de la recuperación de la actividad por su rápido impacto en la dinamización del consumo en los sectores populares. También se incrementarán las partidas para Salud, Educación, Innovación y Desarrollo.

En cuanto a lo fiscal, si bien se trata de un rojo más elevado del que proyectaban los analistas, representará una reducción de unos 3 puntos respecto de los cerca de 8 puntos de déficit que se espera para este año como consecuencia de la coronacrisis. En ese sentido, si bien muchos actores del mercado reclamaron que el recorte sea mayor, la consultora Analytica lo calificó como “un objetivo ambicioso, en especial en un año electoral, que implica el mayor ajuste del gasto en un año desde el regreso de la democracia”. Aunque, claro, con un punto de partida inédito generado por la pandemia.

Las vías para alcanzarlo serán, por un lado, una recuperación de la recaudación a través del rebote de la actividad y del proyecto de readecuación tributaria que el Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas; y por otro, un recorte del gasto asociado a la emergencia, con la eliminación del IFE y el ATP, que el Gobierno mutará a partidas más acotadas para el fomento del empleo y las exportaciones. “Vamos con un esquema de incentivos a la economía en todo lo que se pueda, pero siendo respetuosos de las limitaciones de financiamiento”, dijo Guzmán este domingo en una entrevista en La Nación.

Para cubrir el agujero fiscal de 4,5%, el presupuesto planteará una reducción de la porción de financiamiento mediante emisión monetaria del BCRA a través de un incremento del saldo neto de las colocaciones de deuda en pesos del Tesoro, un proceso que comenzó a transitarse ya en los últimos meses.

El proyecto establecerá proyecciones macroeconómicas trianuales para el período 2021-2023. Según un borrador publicado por Infobae, que según fuentes oficiales no es la última versión, el Gobierno prevé un derrumbe del PBI de 12,1% para este año a raíz de la pandemia y un rebote del 5,5% en 2021, del 4,5% en 2022 y del 3,5% en 2023, con un margen de error de 0,5 punto. Esto implicaría una recuperación sostenida aunque lenta, si se tiene en cuenta la magnitud del retroceso. Es que entre 2018 -año del inicio de la crisis- y 2020, la economía acumularía una caída del 17,4% y para 2023 aún se ubicaría más de 5% abajo del nivel de 2017.

Además, el borrador plantea una desaceleración gradual de la inflación, que pasaría del 32% interanual en diciembre de 2020 al 28% en 2021, 24% en 2022 y 20% en 2023. Respecto del dólar oficial, que cerraría este año en $81,40, crecería 24,7% a $101,60. En líneas generales, según fuentes de Economía, el Gobierno buscará mantener un tipo de cambio real estable (que acompañe al IPC) entre fines de 2019 y fines de 2021. Para ello, continuarán el cepo y el impuesto PAIS por un tiempo más y habrá intervención del Central para contener la brecha, aunque no se planteará un desdoblamiento cambiario formal.

Otro aspecto clave será el ingreso de divisas y el fortalecimiento de las reservas con miras a estabilizar las tensiones cambiarias y financieras. A mediano plazo, el Gobierno cree que esto marcará la posibilidad de garantizar la sustentabilidad de la deuda tras el canje. En 2024 comenzarán los vencimientos de capital, momento para el cual prevé volver a los mercados de financiamiento en dólares.

En ese sentido, pese a que prevé un crecimiento mayor de las importaciones que de las exportaciones producto del rebote de la economía, el presupuesto proyectará un superávit comercial superior a los USD15.000 millones en 2021.

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