La pandemia de coronavirus profundizó las brechas económicas ya existentes y obligó a prestar atención en aquellas más urgentes. La desigualdad de género fue una de ellas y la herramienta que el Gobierno decidió aplicar para corregir las falencias del propio sistema fue la transacción directa de dinero en bolsillos de las personas con menores recursos, beneficiando así a quienes están sobrerrepresentadas en ese sector: las mujeres

Durante el primer semestre del 2020, el Estado ejecutó el 65,3% del total del Presupuesto destinado a políticas que tienen un impacto de género. Mientras que el crédito asignado a las diferentes medidas era de $740.254,1 millones (al menos el 15% del Presupuesto primario de la Administración Nacional), el monto devengado fue de $483.434,9 millones, de acuerdo al documento presentado por la oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía junto a la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género.

En esta línea, el Presupuesto 2021, cuyo proyecto se presenta mañana en la Cámara de Diputados, será el primero en presentar la "igualdad entre sus prioridades" y que expondrá "aquellas políticas que cierran brechas de desigualdad" de género.

Seguridad social

Las transferencias corrientes vinculadas a políticas de seguridad social fueron el eje principal de la ejecución. De hecho, acapararon el 99,7% del gasto vinculado a reducir las brechas de género con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como protagonista.

Sobre este punto, la titular de la Dirección Nacional de Igualdad, Economía y Género, Mercedes D'Alessandro, explicó en diálogo con BAE Negocios que "las transferencias monetarias en conjunto han tenido un carácter progresivo: el 68% de las mismas (refuerzos de AUH y AUE, bono a jubilados y jubiladas, Alimentar e IFE) se dirigen al 50% de la población de menores ingresos".

"Es decir, la distribución de las transferencias va en un sentido que contribuye a compensar esta desigual distribución de ingresos. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos: 7 de cada 10 personas del decil de menores ingresos son mujeres.  Por este motivo decimos que el carácter progresivo de la distribución resulta también redistributivo en términos de género", argumentó.

Son tres las medidas que representaron casi la totalidad de ese monto devengado: las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, que son percibidas en un 74% por mujeres; a las que se les asignó un total de $555.922,35 millones, de los cuales se ejecutaron $364.359,3 millones, un 65,5 por ciento.

La jubilación por moratoria es leída como una política con perspectiva de género ya que "reconoce y valora el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que desempeñaron” las mujeres que no pudieron realizar aportes previsionales por dedicarse a las tareas reproductivas, la principal causa que restringe su acceso al mercado laboral.

Le siguió la Asignación Universal para Protección Social, con la Asignación Universal por Hijo (AUH) como principal política, con un monto proyectado vigente de $142.260,35 millones y una ejecución de $87.725,0 millones, un 61,6%, y las Pensiones a Madres de 7 o más hijos, con una cifra total pactada en $39.020,85 millones y devengada de $29.887,20, es decir, un 76,59 por ciento. El 95% de las personas que reciben la AUH son mujeres.

"Estas medida también contribuyen a cerrar brechas al tiempo que permite el acceso al dinero por parte de las mujeres propiciando su autonomía económica", indicó la economista.

Salud

Por otro lado, y en plena emergencia sanitaria, los gastos vinculados a Salud representaron un 0,2% del total y fueron otro punto importante de la ejecución del Presupuesto del primer semestre del año en materia de género.

El programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud, cuya meta económica vigente era de $869,0 millones y su crédito devengado fue de $456,1 millones al primer semestre. En porcentaje, su ejecución fue del 52,47 por ciento.

En tanto, el plan de Prevención del Embarazo Adolescente, tiene un presupuesto vigente de $299,0 millones, y $161,9 millones del total ya fue aplicado al primer semestre, lo que representa un 53,84% por ciento hasta el 30,6%. Además, se destaca el Apoyo a la Reproducción Médicamente Asistida: con una asignación presupuestaria de $8,6 millones y sin ejecución al 30/06/2020.

Algunas áreas presentan ejecución baja o nula, como es el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), entre otros.

El área que dirige la ministra Elizabeth Gómez Alcorta tiene proyectado un presupuesto vigente de $545,5 millones y en los primeros seis meses del 2020 ejecutó un 37,9% del crédito, es decir, $206,5 millones. En cuanto a lo judicial, el conjunto del gasto ejecutado alcanza $107,7 millones (apenas 20,1% del presupuesto vigente anual).

Hacia el primer Presupuesto con perspectiva de género

 
En los últimos años del Gobierno de Cambiemos los presupuestos presentaron la igualdad de género como uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU a seguir, pero la economía feminista cuestionó el real impacto en la corrección de las brechas de las políticas y la asignación de partidas.
 
El proyecto de Presupuesto 2021 está próximo a ingresar en la Cámara de Diputados y según señaló D'Alessandro será "el primero en poner sobre la mesa las desigualdades de género" y exponer "aquellas políticas que cierran brechas de desigualdad". Si bien la metodología de "etiquetado" que permite distinguir políticas con este destino se utiliza desde 2019, esta gestión la "fortaleció", indicó.
 
El impulso este año se da también por la propia estructura estatal, con áreas específicas creadas "para elaborar políticas públicas e incidir en las decisiones teniendo como eje la igualdad de género", indicó la titular de la DNEIG y destacó el trabajo del MMGyD con el nuevo programa Acompañar, "que consiste en justamente un acompañamiento económico a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género que se encuentren en riesgo y no cuenten con medios para salir de esa situación, para resguardarse". 
 
 
 
 
 
 

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Eugenia Muzio

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