La complejidad para resolver el laberinto de la deuda externa heredado de la gestión de Mauricio Macri pone a prueba diaria la creatividad del equipo económico del Gobierno en cada conversación con el Fondo Monetario Internacional. La semana pasada, comenzó a correr el reloj de 60 días de gracia con el Club de París, después de que el Ejecutivo resolviera pedir una ventana de tiempo a las potencias europeas para el último desembolso de USD2.500 millones. Pero esta negociación en simultáneo con el FMI -requisito previo para un arreglo con los países acreedores nucleados en el grupo con sede en Francia- tendrá varias paradas y los puntos de debate pasarán, principalmente, por el período de diez años de plazo que arroja como máximo el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) solicitado por Argentina, que por la delicada situación externa, puede incluso no ser suficiente para equilibrar la balanza de pagos, evalúan en el oficialismo.

Las charlas entre los funcionarios y los tecnócratas del organismo de crédito multilateral se dan semana a semana, reconocen en el gabinete, y sólo tras un principio de acuerdo se pedirá una misión desde Washington a Buenos Aires para terminar de delinear el nuevo programa.

Sin embargo, más allá de los avances en esta esfera del presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán en el Viejo Continente, la expectativa de un entendimiento en un año electoral todavía luce lejana. Más aún si se tiene en cuenta que primero deberá ser aprobada por el Congreso, lo que arroja una complicación más.

El Club de París puede dar tiempo hasta fin de julio para definir si ubica a la Argentina en default, una opción que luce menos probable a la luz de los apoyos cosechados por Alberto en su viaje. En tanto, en agosto está previsto que ingresen más de 4.000 millones de dólares correspondientes al reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI y que calzarían justo para los vencimientos de capital del último cuatrimestre con el organismo.

No obstante, tal cual está planteado el stand-by actual, el gobierno deberá cancelar la friolera de 18.000 millones de dólares en 2022. Un monto a todas luces imposible. El problema es que incluso transformándolo en un EFF que permitiría elevar el plazo a diez años, la presión sobre el balance cambiario puede seguir siendo elevada con desembolsos que incluso se reduzcan a USD4.000 millones sólo de capital por año, admiten en el oficialismo. Y es que hoy las reservas internacionales crecen por el doble efecto del cepo cambiario y la soja y el maíz en valores récord.

De ahí que desde un ala del Frente de Todos insistan en un nuevo tipo de entendimiento (para el cual el organismo debería modificar su estatuto) a 20 años, mientras Guzmán pone el foco en las sobretasas.

Lo cierto es que las diversas experiencias del Fondo a lo largo del globo muestran un “menú” de recetas variado, más flexibles pero con mayores controles cambiarios que el que se aplicó en Argentina, que se basó en el ajuste y liberación total de capitales. Esto sumado a la “autocrítica” reflejada en la salida de los principales encargados de validar el megapréstamo a Macri permiten al gobierno confiar en un programa sin metas fiscales y monetarias que limiten el crecimiento y, en cambio, se enfoquen en la acumulación de reservas y la capacidad de pago, independientemente de si se realiza con Letras Intransferibles, superávit fiscal o colocaciones en el mercado, variantes en las que el organismo probablemente no imponga restricciones.

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Ignacio Ostera

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