En el marco de un proceso de reestructuración en la Dirección General de Aduanas, el Gobierno apostará a la defensa de la producción nacional mediante una serie de medidas como el regreso de controles al etiquetado; canal rojo obligatorio en mayor número de posiciones arancelarias; verificación de componentes y piezas; y aduanas especializadas, entre otros ejes.

Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada a BAE Negocios, desde donde plantearon que "confiamos en la tarea que se va a llevar adelante en la Aduana, después de un período lamentable en el que el anterior gobierno liberó todos los controles, bajo el verso de la simplificación".

Sectores como la industria del calzado, la cadena textil, y los fabricantes de juguetes y marroquinería son ejemplos de completo abandono respecto de las importaciones, especialmente del Sudeste Asiático.

"Desapareció el control del etiquetado hace cuatro años, y lo que llamamos declaraciones juradas de composición de productos no se controla. También se flexibilizó el canal rojo de Aduana donde el Gobierno tendría que sentarse con los sectores para saber dónde debe ser aplicado", apuntaron fuentes oficiales y privadas en consonancia.

Desde la cámara que agrupa a los industriales jugueteros, ya señalaron que el retorno del régimen de aduana especializada para juguetes, derogado en 2017, "es importante para el control de las normas de seguridad. Otro planteo es combatir la subfacturación a través de valores criterio (medida que también avanzará y fue anticipada por este medio) y la falsificación por medio del canal rojo de selectividad en la Aduana", señalaron.

Con el riesgo que conlleva por la falsificación de documentos, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, los importadores podían elevar una declaración jurada al Gobierno para que sus compras se controlen en laboratorios del exterior, sin la obligatoriedad de que la validación se realice en la Argentina. La segunda etapa del plan pergeñado por el anterior gobierno, que no se llegó a concretar, permitía que laboratorios extranjeros de cualquier país del mundo tengan exclusividad de los estudios industriales, situación que encendió las alarmas en las cámaras sectoriales.

La entonces Secretaría de Comercio, mediante la resolución 404/16, exigió tanto a los industriales como a los importadores, especialmente de productos textiles o calzado, que dentro de un plazo de 60 días hagan la presentación de una DJCP, explicitando la existencia de las fibras en el caso de los textiles, y de los materiales constitutivos en el calzado.

Fuentes industriales que mantuvieron recientes contactos con funcionarios habían indicado a este medio que el plazo para la nacionalización de bienes (vía licencias no automáticas) no sería menor a los 60 días, como regula la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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