El Gobierno recibió el espaldarazo que buscaba de cara a la negociación más dura con los acreedores privados. Consiguió que, al término de la visita de su misión al país, el Fondo Monetario declare insostenible la deuda argentina y pida que los bonistas acepten una quita "apreciable" en sus títulos. Era lo que pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán, para aumentar la verosimilitud de la amenaza de que, si el 31 de marzo no se alcanza un acuerdo, el país se encaminará a un default y, así, presionar a los grandes fondos por una fuerte recorte en las cada vez más tensas conversaciones. Este jueves, junto al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, partirá a Arabia Saudita, donde se reunirá con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, para discutir la propuesta oficial de postergar tres años el repago del stand by.

La declaración generó satisfacción en Economía y en la Casa Rosada. Es que, en buena medida, la estrategia oficial para el apretado cronograma de negociaciones dependía de este paso. Las trabas recibidas de algunos de los principales acreedores tanto por el gobierno bonaerense en el reperfilamiento del BP21 y el nacional en el canje del AF20 habían mostrado el poder de fuego de los gigantes de Wall Street y, por eso, el Gobierno apuntó sus cañones al respaldo político del FMI.

La número dos del organismo para la región, Julie Kozack, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu, emitieron una declaración de respaldo a los "planes y políticas macroeconómicas" del Gobierno. Esto incluyó un apoyo al sendero hacia el equilibrio fiscal en 2022/2023 planteado por Guzmán la semana pasada en el Congreso, consistente con un escenario de reestructuración más dura de lo previsto con un importante recorte en los cupones de intereses y el capital.

Los enviados del Fondo consideraron que "la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad publicado en julio", cuando el organismo planteó que era "sostenible, pero no con una alta probabilidad". Sostuvieron que desde entonces todos los riesgos se materializaron: se cerró la posibilidad de refinanciar vencimientos, se devaluó 40% el peso, se desplomaron en USD20.000 millones las reservas y el peso de los compromisos sobre el PBI superó el 90%.

"El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible", concluyeron. "El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible", agregaron en línea con lo planteado por Guzmán en Diputados.

Ante eso, el Fondo dijo que es necesaria una quita a los bonistas: "Se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad".

Tras la partida de la misión del Fondo, el ministro señaló: "Seguiremos dialogando estrechamente con el personal del FMI y sus autoridades, con el objetivo de profundizar una relación crecientemente constructiva".

El mensaje del organismo fortalece al Gobierno de cara a la pulseada más dura con los bonistas ya que las consideraciones del Fondo son escuchadas por los financistas, aunque está lejos de definirse. Por caso, los administradores de fondos Fidelity y Blackrock, protagonistas del bloqueo al BP21 y al bono Dual y poseedores de una porción importante de la deuda soberana, se agruparon junto a otros acreedores para ganar poder de veto en caso de recibir una oferta agresiva. Las cláusulas de acción colectiva que tienen los títulos Ley Nueva York imponen un elevado piso de acuerdo de entre el 66% y el 85% de los tenedores de cada títulos para avanzar en un canje.

De acuerdo al cronograma de Economía, en los próximos días comenzarán las reuniones formales con los representantes de los acreedores privados de cara a la presentación de la oferta formal en la segunda semana de marzo.

Mientras tanto, en Riad, donde participará de la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, Guzmán buscará engrosar los apoyos políticos para la reestructuración de los pasivos con el FMI y el Club de París, que en conjunto suman cerca de USD50.000 millones. Para eso, mantendrá su segundo encuentro con Georgieva y se reunirá con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin; el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire; y su par de México, Arturo Herrera Gutiérrez.

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