Tras la confirmación del acuerdo con los grandes fondos de Wall Street, el Ministerio de Economía trabajará en paralelo en los próximos días en afinar las versiones definitivas tanto de la reestructuración de los USD66.000 millones de deuda bajo ley Nueva York como de los USD41.714 millones con jurisdicción argentina, de los cuales el 55% está en manos privadas.

La propuesta de canje local, que fue aprobada el martes en el Congreso, deberá ser modificada antes de abrir el período de suscripción para los bonistas. Es que, al plantear un trato equitativo con la legislación foránea, el Gobierno deberá incorporar la mejora en la oferta consensuada con BlackRock y sus aliados, cuya letra chica aún se encuentra en elaboración en un trabajo conjunto entre los funcionarios y los representantes de los acreedores extranjeros.

Es por eso que Martín Guzmán lanzará la invitación al canje local recién después de tener listo el texto definitivo de la enmienda a la oferta para la deuda externa, que apunta a enviar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) entre el viernes y el lunes. Como máximo, la presentación podría estirarse hasta el viernes 14 de agosto ya que la resolución 350 publicada el martes fijó el 24 de agosto como cierre del plazo para ingresar la reestructuración externa y la normativa establece un mínimo de diez días de vigencia.

“Ahora los dos procesos han quedado de algún modo unidos. Así que avanzaremos en forma paralela para poder lanzar el canje local con la condiciones que incorpore la enmienda del Prospecto a ser presentado en los próximos días ante la SEC”, confirmó una alta fuente de Economía a BAE Negocios. Esto no implica demorar la apertura del tramo doméstico de la reestructuración ya que, como anticipó este diario, la cartera preveía iniciarlo la próxima semana. La liquidación de ambas operaciones, es decir, la conversión de títulos propiamente dicha se hará el 4 de septiembre.

Las modificaciones serían formalizadas a través de un decreto. Se apelará a la cláusula RUFO, que garantiza que los acreedores de títulos con jurisdicción local que entren al canje recibirán cualquier mejora que perciban los bonistas externos. Un inciso novedoso para la legislación argentina que Guzmán incluyó en el proyecto de ley, como reaseguro del trato equitativo.

Los cambios no serán muchos. Se trata de los ajustes que informó Economía en su comunicado de la madrugada del martes en el que anunció el acuerdo preliminar con los grupos liderados por BlackRock: el adelanto de dos meses en las fechas de pago semestral de los cupones, que pasarán del 4 de marzo y el 4 de septiembre al 9 de enero y 9 de julio de cada año, a partir del Día de la Independencia de 2021; el acortamiento de un año hasta 2029 del vencimiento del bono que capitalizará los intereses corridos; y el anticipo de un semestre en el inicio de las amortizaciones de capital de los títulos a 2030 y 2038.

Como el tramo local incluye una pesificación opcional, los funcionarios también deberán diseñar algún ajuste similar para los Boncer 2026 y 2028, los títulos ajustados por inflación que podrán suscribir los tenedores de Letes y de los Bonar más cortos, además de los acreedores de instrumentos dólar linked, que sólo podrán canjear sus tenencias por los papeles en pesos.

El monto de los pagos comprometidos no se modificará. Así, la quita de capital se mantendrá en un simbólico 1,9% y el recorte de intereses también será el mismo al reducir el cupón promedio de los bonos en dólares bajo ley argentina del actual 7,6% al 2,4%.

En Economía esperan una participación masiva al canje local y, como señaló Guzmán, confían en activar las cláusulas de acción colectiva de los bonos ley Nueva York, lo que evitaría la existencia de holdouts y el accionar de los fondos buitres. Así, con dos reestructuraciones generalizadas, apuntan a conseguir un alivio en los compromisos de USD37.700 millones en los próximos diez años y de USD42.500 millones de acá a 2024.

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