El Ente Nacional Regulador del Gas ( Enargas) informó que la justicia imputó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, luego de la denuncia en su contra formulada por el organismo, y remarcó que el exfuncionario del macrismo "causó un perjuicio de USD 400 millones" al Estado nacional.

"El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al exministro de Energía Aranguren por haber dolarizado las tarifas y causado un perjuicio al erario público de US$ 400 millones", puntualizó el Enargas a través de un comunicado.

La denuncia penal realizada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, incluye también a Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía durante la gestión de Cambiemos; Mauricio Roitman, expresidente en ejercicio del directorio del Enargas; y demás integrantes del entonces directorio del Ente Regulador.

A todos ellos se los denunció por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, y de negociaciones incompatibles con la función pública.

"Estamos trabajando para lograr tarifas justas y razonables, pero también estamos auditando y revisando lo hecho por el Enargas en los últimos cuatro años. En este marco es que formulamos la denuncia que ahora recibió impulso del fiscal federal Guillermo Marijuán, conforme la obligación respectiva de denunciar en el ejercicio de la función pública", destacó Bernal.

Los hechos referidos en la denuncia ocurrieron entre 2017 y 2018, y se basan en un acuerdo ilegal que habría prohijado Aranguren con el objetivo de asegurar precios en dólares del gas en boca de pozo incluidos en la tarifa por un plazo de dos años, a un tipo de cambio variable, apelando a un período de transición inexistente en el marco regulatorio, y violando así la ley 24.076 en lo que respecta al precio del gas en los cuadros tarifarios.

De esta manera, el ex funcionario macrista fue acusado de no haber liberado el precio del fluido en un momento en donde por la mayor oferta y una demanda estancada, se esperaba un descenso en los valores que podría haber favorecido a los usuarios. Sin embargo, al acordar mantener dolarizadas las tarifas se contradecía con la caducidad de ley de emergencia económica de fin de 2017.

A partir de este pacto, las boletas sufrieron un incremento de más de 30%, "sin ninguna justificación", aseguró Bernal, y generando así un perjuicio a los usuarios de USD168 millones de dólares.

A eso se le suma la transferencia de USD393 millones que por la devaluación de 2018 se acordó compensar a las gasíferas, en un primer momento por parte de los consumidores pero que finalmente debió hacerse cargo el estado luego tras el escándalo que se desató, por lo que el total del "acuerdo ruinoso" estimado por el Enargas totaliza unos USD560 millones.