La justicia rechazó este martes una medida cautelar presentada por un empresario en contra de la ley de Aporte Solidario de las grandes fortunas.

Se trata de un recurso de amparo introducido por José Luis Prado Ladrizábal contra la AFIP, que buscaba suspender el cobro de las alícuotas previstas por la ley para quienes tengan patrimonios mayores a 200 millones de pesos.

El rechazo fue dictado por el Juzgado Federal de Bell Ville, en Córdoba, que argumentó que se "impide a los jueces decretar toda medida cautelar que '…afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado…'”.

Al mismo tiempo, los magistrados se atuvieron a una cuestión de forma, al precisar que "existe una total identidad entre el objeto de la pretensión cautelar y la acción de fondo", en contra de lo que dicta la ley 26.854 (de “Medidas cautelares contra el Estado”).

El juzgado federal de Bell Ville señaló además que "tampoco se vislumbra la presencia del recaudo procesal del 'peligro en la demora', ni que la parte actora haya acreditado el o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago del aporte instituido bajo la ley" del Aporte Solidario.

El otro amparo contra la el impuesto a la riqueza

Este fallo se conoce veinticuatro horas después de que una jueza del fuero contencioso administrativo federal le ordenara a la AFIP abstenerse de cobrarle a un otro empresario el aporte solidario de las grandes fortunas, al menos por los próximos tres meses.

La medida fue firmado el 19 de marzo por la magistrada Cecilia Gilardi Madariaga de Negre quien hizo lugar a la medida cautelar presentada por el empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant, quien sostuvo que el aporte es “confiscatorio”.

Entre esos seis, se encuentra Scannapieco, quien logró que la jueza Gilardi Madaiaga de Negre hiciera lugar a su pedido, al menos en el plano cautelar, hasta que se produzca el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, una medida que, según anticiparon desde la AFIP, será apelada.

La magistrada decidió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada (la Administración Federal de Ingresos Públicos) se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605 -vigente a partir del 18/12/20-“.

La resolución también establece que la cautelar durará “hasta tanto se cumpla el plazo de 3 meses” y que el empresario deberá abonar una caución real de 100.000 pesos: en ese período la justicia deberá enfocarse en resolver la cuestión de fondo que tiene que ver con la procedencia o no del aporte solidario.