El Banco Nación dio a conocer hoy su informe final sobre el vaciamiento de Vicentín, una investigación llevada adelante por Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti que identifica tres patas sobre las cuales se montó la operación: la vía corporativa, la comercial y la financiera.

De acuerdo al documento, en los últimos años el grupo santafesino se volcó hacia la compra de empresas para obtener ganancias patrimoniales en lugar de destinar su rentabilidad a la inversión productiva, que fue en descenso. Al mismo tiempo, fue conformando un desdoblamiento internacional de sus operaciones mediante la creación de empresas que funcionaban como “cáscaras”, primero en Uruguay y más tarde en Paraguay.

Con la diversificación de su estructura corporativa, se fueron transfiriendo activos que quedaban afuera de Vicentín SAIC, por ejemplo a empresas holding en Uruguay, principalmente a Vicentin Family Group, lo que le permitió por ejemplo a la firma desprenderse del frigorífico Friar, a pesar de haber entrado en concurso de acreedores.

“Lo ocurrido con Friar es un ejemplo de esta trayectoria: Vicentin compró la firma en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial”, advirtien Gaggero y García Zanotti en el informe.

Es decir, estas empresas creadas en Uruguay fueron adquiriendo participaciones en firmas del grupo que antes estaban en manos de Vicentin SAIC.

En ese sentido, los autores de la investigación plantearon que “las operaciones se caracterizaron por la opacidad de la información consignada en los balances. Sólo en algunos casos se informó el monto involucrado en las ventas, que fueron realizadas a precios muy superiores a los valores en libros”.

El documento también destaca que “el grupo no informó en sus balances transferencias de acciones muy relevantes a nivel patrimonial”. “En el caso Terminal Puerto de Rosario (TPR), no se consignó la compra en 2012 del 30% de la empresa, que implicó la transferencia al exterior de casi U$S 9 millones a un empresario español condenado por lavado de dinero (Jordi Pujol Serrusola). Tampoco se consignó en el balance la venta en 2017 del 20% de TPR -una participación que no había informado poseer- a una empresa chilena”, apuntan Gaggero y Zanotti.

Por otro lado, el trabajo del Nación explica que "en el año 2020, Vicentin SAIC se vio imposibilitada de vender al exterior su producción. En este contexto, emergieron nuevos exportadores que incrementaron sustancialmente su comercialización al extranjero y que podrían esconder acuerdos tácitos con la compañía. El caso más notable es el de la empresa Díaz & Forti".

A su vez, el reporte pone el foco en la divergencia entre los activos y los pasivos del grupo empresario, que se agravaron a partir de “una serie de prácticas especulativas”, pulverizando de un día para el otro su patrimonio neto y con ello su capacidad para hacer frente a sus pasivos. 

“La firma incrementó sus ganancias operativas en aquellos años de crecientes devaluaciones a pesar que los accionistas justificaran el derrotero patrimonial de la compañía por dicho fenómeno”, resaltaron los autores.

Para el Banco Nación, “el vaciamiento acelerado de Vicentin SAIC debiera ser buscado tanto en un aumento considerable de los pasivos (es decir, a través de las fuentes de financiamiento), como fruto al distorsionamiento de la composición de los activos y su valuación (es decir, en el destino del financiamiento), o bien, por ambos fenómenos”.

“El principal deterioro patrimonial estuvo vinculado a la evolución de los activos y pasivos comerciales de Vicentin SAIC. Los activos correspondientes a los créditos por ventas y los bienes de cambio tuvieron una variación negativa por US$ 886 millones entre julio de 2019 y febrero de 2020; del mismo modo, los pasivos comerciales aumentaron en US$ 442 millones en igual período de tiempo. De esta forma, estos movimientos dieron cuenta de un deterioro patrimonial por US$ 1.328 millones. Desde ya, esta variación resultó ser inexplicable dado que ante tal aumento de las deudas debieran ser correspondidos por aumentos de los mencionados activos”, puntualiza el documento.

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Ignacio Ostera

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