La jueza Loretta Preska mandó a "los dos a la final" y el juicio propiamente dicho por la expropiación de YPF arrancaría recién en junio. La magistrada hizo lugar hoy al pedido de la Argentina de un Discovery de expertos, con el que buscará sustentar su posición de que el litigio debe realizarse bajo las leyes de nuestro país, y también a la solicitud de Burford Capital de un Discovery de hechos, para determinar el monto de la demanda.

Durante una audiencia telefónica entre las partes el último jueves, Preska había reconocido que existen argumentos presentados por nuestro país sobre los que aún no emitió opinión.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York ordenó que ambos "discovery" deben comenzar inmediatamente y culminar en marzo de 2021.

Según detalló el director de Fin.Guru, Sebastián Maril, que sigue de cerca el desarrollo del litigio, el Discovery de Hechos planteado por Burford se iniciaría mañana y está previsto que termine el 16 de noviembre próximo.

En tanto, el Discovery de expertos pedido por Argentina comenzará el 21 de diciembre y cerrará el 22 de febrero de 2021.

De acuerdo al cronograma establecido hoy,  en el medio se hará lugar a las respuestas de Burford y del Gobierno argentino: el 25 de enero del año que viene será el turno de la demanda y el  8 de febero, el de la defensa.

El pedido de sentencia por parte de Burford Capital está previsto para el 8 de marzo, la contestación de la Argentina para el 29 de ese mismo mes, el cierre del demandante será el 9 de abril y el juicio propiamente dicho arrancará el 1 de junio.

Así, Argentina gana tiempo y loagra hacer escuchar sus argumentos en un litigio que se le presenta claramente adverso (acumula cuatro fallos en contra ya) y que podría costarle entre 3.000 y 9.000 millones de dólares.

Burford, que adquirió los derechos para litigar del Grupo Petersen, reclama a la Argentina y a YPF supuestos daños económicos por el incumplimiento del estatuto de la petrolera en la expropiación llevada adelante en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner, que establecía que aquel que comprara la mayoría de las acciones de la empresa debía también lanzar una oferta al resto de los accionistas. Petersen era el dueño del 25% de las acciones de YPF cuando se determinó su nacionalización.

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Eugenia Baliño

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