El año que finaliza fue una continuación y un perfeccionamiento del proceso de ajuste administrativo y recorte del gasto público que el presidente Javier Milei popularizó como la “motosierra”, con la coronación de la sanción de su primera ley de Presupuesto sobre el cierre del ejercicio.

Uno de los hitos principales de 2025 en ese aspecto se dio el 8 de julio, cuando concluyó el período de un año de facultades delegadas al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para disponer de cierres, fusiones y restructuraciones de diferentes reparticiones y entes, entre los que los fondos fiduciarios fueron uno de los blancos principales, con más de una veintena que pasaron a la historia.

Las privatizaciones se sumarán en 2026 como otro de los ejes del ajuste, en este caso tanto por el recorte del gasto como en los ingresos que representarán las licitaciones, de las que las recientes concesiones de las represas del Comahue son sólo un adelanto.

 

Resultado fiscal

 

Con el equilibrio fiscal como principal caballito de batalla del Gobierno, el seguimiento del resultado primario y financiero es central para testear la salud del programa económico. 

El Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a cerrar 2025 con un superávit primario equivalente al 1,6% del PBI y en el acumulado a noviembre ya se registra un saldo positivo del 1,7%, según el análisis de Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal).

Se supone que no habría inconvenientes mayores para cumplir con la meta, pero debe tenerse en cuenta que por razones estacionales diciembre suele ser un mes deficitario. Para muestra, el único caso de déficit primario mensual en la era Milei fue el de diciembre de 2024, con nada menos que $1.301.045,8 millones de resultado negativo, según el informe de la Secretaría de Hacienda.

 

Pagado o devengado

 

La metodología utilizada por Hacienda es la de tomar el resultado fiscal pagado de todo el Sector Público No Financiero (Administración Pública Nacional, empresas y entes públicos, fondos fiduciarios y universidades), que difiere de la empleada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), con el resultado devengado circunscripto a la APN.

La diferencia entre lo pagado y lo devengado se refleja en un aumento o disminución de la deuda flotante y se explica tanto por la imputación de compromisos en un mes que son pagados en otro (como el caso de remuneraciones y jubilaciones), pero también de otros gastos que, por diferentes razones, se decide postergar su pago (proveedores, subsidios, transferencias a provincias y universidades, etc).

 

Recaudación

 

Un análisis detallado de cómo fue la evolución de la recaudación tributaria en los primeros once meses de 2025 permite tener una aproximación al desempeño económico general, teniendo en cuenta que sus componentes aportan información valiosa sobre la actividad interna, el desempeño del comercio exterior, la masa salarial y las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias.

Entre enero y noviembre, la recaudación ascendió a $166.581.948 millones, con una caída en términos reales del orden del 1%, aunque en la comparación debe considerarse que desde fines de diciembre del año pasado dejó de implementarse el impuesto PAIS. Si se excluyera a ese gravamen, habría una mejora real del 4,4%, en línea con el desempeño esperado para el PBI.

 

Buen comienzo, no tanto en el final

 

Sin embargo, el seguimiento mensual deja en evidencia cierto retracción en las condiciones, al contrastar la evolución interanual nominal de la recaudación con la inflación de cada período. De los once meses, en seis hubo una mejora real y en cinco un deterioro, aunque con una particularidad: cuatro de esos cinco meses de resultado real negativo fueron los últimos (de agosto a noviembre, en mayo incidió la liquidación de Ganancias de 2024), con lo que podría dividirse el año en dos partes, con los primeros siete meses favorables y el último tramo del año en retroceso.

Otra clasificación muestra que el grueso de la suba en la recaudación no provino de los impuestos relacionados con la actividad económica interna (-6,4% la recaudación de DGI) ni del Comercio exterior (-2,5% Aduana) sino de la masa salarial de los trabajadores formales y principalmente de los monotributistas (+14,6% Seguridad Social).

Esa sustancial mejora, que contrasta con la evolución del resto de los tributos, puede obedecer a una mejora en el nivel real de los salarios formales, a un incremento de los aportantes al sistema o bien a una combinación de ambas variables. Pero más que nada a la profusión de monotributistas y autónomos, comprendidos en “Otros ingresos de Seguridad Social”, que en el lapso analizado tuvieron un alza a valores constantes del 26,6%. 

 

Para entender esa suba, no pueden obviarse los incrementos en las cuotas superiores a la inflación ni tampoco la ampliación de los montos de facturación anual por categoría.

 

Gasto público

El recorte del gasto público fue desde un principio una de las obsesiones de la administración libertaria. Los datos que releva mensualmente Desregulación indican que, desde diciembre de 2023, el empleo público se redujo en 59.924 puestos, número global que comprende despidos, retiros voluntarios, contratos no renovados, pases a disponibilidad por entes disueltos, jubilaciones, etc. En los primeros diez meses de 2025 la reducción de personal alcanzó a 22.566 personas.

Al respecto, el Gobierno dio por válido un reciente análisis del Iaraf en el que se indica que el gasto público primario nacional tuvo un recorte de USD 38.000 millones en relación con el de 2023. El grueso de esa reducción se llevó a cabo en 2024, a juzgar por los informes de la OPC, que muestra que los gastos totales tuvieron un derrumbe interanual del 25,9% que, por evidentes modificaciones en la base de comparación, se redujo a un recorte del 2,7% en los primeros once meses de 2025.

La composición de esa reducción tuvo un giro notorio por la aplicación de la movilidad jubilatoria: los gastos en jubilaciones y pensiones tuvieron un incremento real del 11,8% en el año en curso, lo que contrasta con la caída del 15% que experimentaron en 2024.

 

Subsidios

La otra variable a considerar en la reducción del gasto fue la de los subsidios a sectores económicos, empresas públicas y los pocos fondos fiduciarios que quedan en pie. Implementados en forma generalizada a partir de 2002, desde entonces totalizan un gasto acumulado que supera los USD 300.000 millones, incluyendo los destinados a Energía, Transporte y empresas públicas de otros sectores (principalmente AySA y Correos). 

Además de desvirtuar la relación entre las tarifas pagadas y los costos de explotación de los servicios públicos, los subsidios generaron gran parte del déficit fiscal de las últimas dos décadas.

 

En la primera mitad de la Presidencia de Milei, el recorte real de los subsidios trepó al 62%, es decir que hoy se paga sólo un peso de los tres que se abonaban en 2023. Con todo, el peso de ese gasto sigue siendo considerable y en once meses de 2025 asciende a $6,5 billones, de lo que se puede inferir que en 2026 volverán a ser uno de los ejes de los recortes, mucho más después de que el Gobierno se vea obligado a reasignar los gastos tras su traspié en el Congreso en el tratamiento de la ley de Presupuesto. La adopción del SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) puede ser un aviso en ese sentido.