Tras la confirmación del histórico derrumbe de la actividad económica de abril y el endurecimiento de la cuarentena ante el aumento de los casos de Covid-19, el presidente Alberto Fernández participó por primera vez este miércoles de la reunión semanal del equipo económico que suele encabezar el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Sin dejar anuncios concretos, el Gobierno analizó una serie de medidas para darle continuidad al paquete para mitigar el impacto productivo y social de la coronacrisis ante la extensión de las restricciones.

Junto al ATP 3, la moratoria integral y la prórroga de los precios máximos con algunas subas puntuales, trabaja en un plan con nuevas líneas de crédito productivo, en un rediseño de las transferencias de ingresos a los sectores informales más allá del IFE, en herramientas para la reapertura del turismo y la industria del entretenimiento, y la continuidad de la asistencia hacia las provincias ante la caída de la recaudación.

El encuentro se realizó en la Quinta de Olivos y, además de Fernández y Cafiero, estuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Mientras la renegociación de la deuda externa, una de las prioridades económicas oficiales, entró en una recta final no exenta de tensiones con los bonistas, el equipo económico y el Presidente se enfocaron en la contención y la salida de una coronacrisis que se muestra aún más dura de lo esperado. En el Gobierno generó preocupación el derrumbe de la actividad del 26,4% en abril que informó el Indec esta semana, justo cuando entraba en vigencia el endurecimiento del aislamiento en el AMBA y otras zonas del país con fuerte avance de los contagios. Con un paquete fiscal de emergencia de alrededor de 3% del PBI que se muestra insuficiente, el Ejecutivo empezó a trabajar con la certeza de que se necesitará inyectar más recursos.

Fuentes oficiales comentaron que en el encuentro se estudió avanzar en nuevas líneas de crédito “para que las empresas puedan tener acceso a capital de trabajo y retomar los niveles de producción a medida que la demanda se vaya recuperando”. Como adelantó BAE Negocios, el Gobierno trabaja en un plan de desarme del stock de Leliq del BCRA, que creció en el último mes hasta el récord de $1,682 billones al intentar reabsorber parte de la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro, para volcar parte de esos recursos a financiar al sector productivo cuando afloje la tensión cambiaria.

Otro foco estuvo puesto en los sectores más castigados por la pandemia, como turismo, entretenimiento e industrias culturales, cuyos empresarios conformaron una nueva cámara (la Idear), con el objetivo de armar protocolos para el retorno a la actividad cuando estén dadas las condiciones. “Se comenzaron a definir herramientas flexibles que permitan atender las heterogeneidades que se presentan según el sector, el tamaño de la empresa y la actividad específica”, adelantaron desde Casa Rosada.

Pese a la resistencia de las firmas alimenticias, este miércoles se oficializó la extensión por 60 días la Resolución 100 que estableció los precios máximos para más de 2.000 productos de primera necesidad. La mayoría seguirán congelados, pero fuentes de Gobierno confiaron tras la reunión que habrá aumentos puntuales y que para definirlos Desarrollo Productivo les pidió a las empresas “que acerquen información para ver la evolución de sus costos”.

El Ejecutivo también trabaja en la continuidad de la política de ingresos para los trabajadores informales en la poscuarentena, hoy canalizada por el ingreso familiar de emergencia ( IFE) de $10.000, que tendrá una tercera etapa pero sólo para las regiones críticas afectadas por el coronavirus. Aún está en estudio la posibilidad de elevar el monto de la ayuda económica. Según supo este diario, en el encuentro se evaluó un “rediseño de las herramientas de sostén económico y social en la agenda posterior a este periodo de aislamiento”. De hecho, algunos miembros del Gobierno analizan la posible implementación de un salario universal.

También se analizaron "medidas de transición hasta que se recuperen la producción y el consumo" para sostener las arcas provinciales, muy afectadas por la caída de la recaudación en todos los distritos. Por el momento, las provincias reciben asistencia desde la Nación a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que prevé giros por $120.000 millones.

Asimismo, se evaluó el avance del ATP 3, para el que ya se anotaron 240.000 empresas que representan un total de 2,3 millones de trabajadores. Sin embargo, aclararon que el número está sujeto “a la aprobación de los criterios sectoriales y de facturación”. Es que en esta tercera etapa la ayuda se restringió a las firmas de menos de 800 empleados. Además, en las zonas del país donde se pasó del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) al distanciamiento obligatorio (DISPO) el Estado cubrirá hasta un salario mínimo, en lugar de dos, excepto para los sectores que siguen sin poder funcionar.

Por último, se analizó el Plan Moratoria AFIP Integral que prevé lanzar el ente recaudador con alcance a todas las empresas y que buscará que se apruebe en el Congreso. Abarcará los tributos impositivos, aduaneros y de la seguridad social.

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