El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) finalmente llegó. Sin embargo, con el próximo pago fuerte programado para finales de marzo y la aprobación pendiente en el Congreso, la incertidumbre respecto a los detalles y la “letra chica” del entendimiento entre la administración de Alberto Fernández y el organismo multilateral abre la puerta a una variedad de posibles escenarios.

La confirmación del tan ansiado entendimiento se conoció entre gallos y medianoche durante la madrugada de este viernes, mismo día en que hubo que realizar el pago por el primer vencimiento del año, USD 730 millones. Horas más tarde, el presidente Fernández informó de manera oficial la novedad: “Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro”, celebró en un mensaje grabado.

“No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, sostuvo el mandatario.

Poco después, el ministro de Economía, Martín Guzmán, bridó más detalles: El nuevo programa de facilidades extendidas tiene cuatro características históricas, no habrá reformas estructurales; se mantendrá el cepo y la política cambiaria; continuarán los acuerdos de precios; y el ajuste fiscal tendrá, hasta las elecciones de 2023, el ritmo que buscaba el Gobierno.

En simultáneo, el organismo multilateral confirmó el acuerdo con la Argentina: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI", indicaron en un comunicado la Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de misión para Argentina, Luis Cubeddu, al precisar los entendimientos.

Las razones detrás de la demora

Para llegar a esta situación, el Gobierno debió recorrer un largo camino que se dilató durante dos años. A principios de 2020 el gobierno se mostraba satisfecho de lograr ciertos reconocimientos de parte del FMI al respecto de “la deuda insostenible”. Por ejemplo, en agosto de 2020 y en pleno optimismo, pese a la pandemia, llegó la reestructuración exitosa con los bonistas extranjeros.

Sin embargo, parafraseando al ex presidente responsable de tomar el préstamo por 44.000 millones de dólares, el panorama “venía bien, pero luego pasaron cosas”. El 2021 no solo finalizó sin acuerdo, sino que el Gobierno debió desembolsar en diciembre el primer pago fuerte de la deuda, unos USD 1.892 millones. Para el director de Eco Go Consultores, Matías Vauthier, “la negociación hubiera tenido costos de cara a un año electoral, por eso se apuntó a dilatar la negociación”. Ahondando en la cuestión, el economista explicó que hubo “factores objetivos” que le permitieron al Gobierno tomar esa decisión.

“Estuvo vinculado a la mejora en los precios internacionales de la cosecha, la cual dio margen para dilatar la negociación. Probablemente con otros precios de la cosecha el mercado cambiario hubiera estado más estresado durante el año pasado y eso hubiera cambiado, quizás, los incentivos para iniciar una negociación más rápida”, explicó el economista a BAE Negocios. Además, agregó que esta estrategia también fue posible “por el nivel de partida del tipo de cambio real oficial y el giro de Derechos Especial de Giro (DEG) por parte del Fondo que permitió afrontar los vencimientos de septiembre y diciembre” del año pasado.

Escenarios posibles

Consultado por BAE Negocios, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Andrés Asiain, consideró “muy difícil” que en el acuerdo con el FMI “Argentina pueda cumplir todos los objetivos fiscales, nunca tenga que pedir un ‘waiver payment’, se le permita acceder al financiamiento para pagar la deuda, y se genere una estructura de vencimientos más favorables a largo plazo que permita crecimiento”. De hecho, aseguró que se “van a atravesar dos años de alta incertidumbre económica” puesto que se “tendría que estar pendiente de una evaluación trimestral para ver si puede, o no, pagar la próxima cuota del FMI”, sumado a una “pérdida de soberanía durante dos años y un control permanente de la política económica”.

Un diagnóstico similar brindó la economista de Paridad en La Macro Mara Pedrazzoli, quien consideró “crucial” que el país “no se someta otra vez a esas recetas para evitar otra vez una crisis” económica. “Muchos piensan que mágicamente aplicando políticas ortodoxas se resuelven los problemas de la Argentina: como dejar de emitir para que baje la inflación, acordar con el Fondo para que ingresen capitales o quitar subsidios para achicar el déficit fiscal y así también captar inversiones, pero han sido todas falacias”, disparó la economista.

Marcando distancia se encuentra Vauthier, para quien el peor escenario era el default, el cual hubiera implicado “que las expectativas se deterioren todavía más en un contexto donde el balance del Banco Central nuevamente está muy deteriorado, la situación macroeconómica es frágil y expuesta a riesgos”. Desde su perspectiva, “el gran problema” que tiene Argentina actualmente es una falta de fuentes de financiamiento para impulsar el gasto: “Eso hace que el ajuste se imponga más allá de si hay un acuerdo o no con el Fondo”, apuntó.

“Si se financia el gasto con emisión va a terminar pasando factura en el mercado cambiario y en la inflación, borrando cualquier efecto expansivo. El financiamiento en el mercado local es limitado, y el financiamiento externo está cerrado por el nivel del riesgo país. De ahí que sea tan importante dar señales para anclar expectativas, recuperar la credibilidad y reducir la incertidumbre”, explicó a BAE Negocios.

Lo que viene

Para el economista Gustavo Ber, más allá de que el acuerdo “resulta positivo para despejar los abultados vencimientos, se requiere implementar un plan integral y reformas estructurales, además de contar con un amplio respaldo político, para despertar un clima de confianza en los agentes económicos que revierta el circulo vicioso”. En este sentido, explicó que “aún se espera evaluar las implicancias de los detalles técnicos consensuados” sobre el sendero fiscal, monetario y cambiario asociados, a fin de evaluar si permitiría una convergencia en los desequilibrios macroeconómicas “que resulte viable en el tiempo”.

De todas maneras, este acuerdo primero debe atravesar dos instancias de revisión. La primera es desde el organismo multilateral. Tal como explicó el comunicado oficial publicado por el Fondo este viernes: “El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo aprobado por el staff. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".

Una vez aprobado por el staff, decisión que podría extenderse durante varios días, el acuerdo deberá pasar por el Congreso para cumplir con lo estipulado en la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en febrero de 2021 por el Gobierno. Según esta normativa, el Poder Legislativo debe autorizar cualquier endeudamiento por encima de los límites del Presupuesto, al igual que los préstamos con organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial.

Sobre esta cuestión, en la conferencia de prensa Guzmán, detalló que prevé que el acuerdo tenga aprobación parlamentaria para el 21 de marzo, lo que permitiría evitar el pago de USD 2.800 millones programado para esa fecha y los USD 1.900 millones que deberían ser abonados 10 días después. Si no se logra un nuevo programa a 10 años con revisión de sobretasas, el Gobierno deberá pagar 19.100 millones de dólares en pagos de capital e intereses este año y 19.300 millones de dólares en 2023.

Como guiño la negociación, horas después de que se conoció el principio de acuerdo, Juntos por el Cambio (JxC) emitió un comunicado, firmado entre otros, por el ex presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. Allí, consideraron “positivo” el entendimiento del Gobierno y sostuvieron “es un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la Sociedad”. Finalmente, concluyeron: “Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado”.