La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos de los acreedores que todavía mantenían litigios activos contra el país por el default declarado en 2001. El entendimiento fue informado ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, y las partes solicitaron suspender el proceso judicial mientras avanzan en la formalización de la conciliación.

La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el tribunal para comunicar que "las partes han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción". En la misma presentación pidieron dejar en suspenso el expediente, incluida una moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025 mediante la cual reclamaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas. El documento también indica que informarán oportunamente a la magistrada sobre el estado de las negociaciones.

El colateral de los bonos Brady

El entendimiento se vincula con las garantías asociadas a los antiguos bonos Brady emitidos por la Argentina en la década de 1990. Según explicó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors, los fondos alcanzaron un acuerdo para repartirse el colateral embargado a la República Argentina que se encontraba depositado en la Reserva Federal de Nueva York.

"Las mencionadas firmas llegaron a un acuerdo entre ellas para dividir el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal", señaló.

Cuando en 2023 el país terminó de cancelar esos bonos, las garantías asociadas quedaron liberadas. Los acreedores solicitaron entonces el embargo de esos activos, estimado en alrededor de USD 310 millones, lo que reactivó las disputas judiciales en Nueva York.

Los acreedores que mantenían el litigio

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado. "Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes", afirmó. Luego señaló que las partes acordaron suspender los procedimientos mientras avanzan hacia el cierre del acuerdo.

Hranitzky es un litigante conocido en los procesos contra el país. En 2012 representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió el embargo de la Fragata Libertad en Ghana.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda posteriores al default y mantiene una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia estadounidense ya había fallado a su favor y le reconoció una suma de USD 95 millones más intereses.

Attestor Master Value, con sede en las Islas Caimán, litiga contra la Argentina desde 2014 por títulos de deuda adquiridos en el mercado secundario tras su fundación en 2012.

Un conflicto que se arrastra desde 2001

El litigio se origina en la cesación de pagos declarada por el país en 2001. En los años siguientes, la Argentina impulsó reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010 que lograron la adhesión de la amplia mayoría de los acreedores.

Un grupo reducido de fondos -conocidos como holdouts- decidió no ingresar a esos canjes y optó por reclamar judicialmente el pago total de los títulos más intereses acumulados.

La mayor parte de esas disputas se resolvió en 2016, cuando el gobierno argentino alcanzó acuerdos con los principales litigantes tras el levantamiento de las cautelares dictadas por el juez Thomas Griesa. Sin embargo, algunos reclamos menores continuaron en los tribunales de Nueva York durante los años siguientes.

El principio de acuerdo informado ahora ante la jueza Preska encamina el cierre de uno de los últimos litigios abiertos en el exterior por la cesación de pagos declarada por la Argentina en 2001, una disputa judicial que se extendió durante más de dos décadas.