Un grupo de inversores liderados por el holdout Aurelius Capital Management presentó este miércoles una nueva demanda contra la Argentina en tribunales de Nueva York por el impago de los Cupones PBI, un conflicto que se remonta a la década pasada. La causa se basa en la acusación de que el Gobierno argentino habría manipulado las cifras de crecimiento económico en 2013 para evitar el pago de esos instrumentos, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

Según estimaciones de Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, el reclamo asciende a USD 2.600 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a intereses acumulados.

El argumento central: el cambio en la medición del PBI

Aurelius sostiene que la Argentina calculó de manera incorrecta los pagos correspondientes a los bonos vinculados al Producto Bruto Interno, emitidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010. Estos títulos preveían pagos adicionales si la economía superaba determinados umbrales de crecimiento.

El fondo afirma que el cambio metodológico realizado por el Indec -al modificar el año base para medir precios constantes- alteró artificialmente el crecimiento real del PBI en 2013. "La economía no se duplicó repentinamente ni su tasa de crecimiento se redujo a la mitad; lo que cambió fue la vara de medición", sostuvo Aurelius en presentaciones previas ante la Justicia.

Según los demandantes, esa modificación fue intencional y tuvo como objetivo evitar el pago de los cupones, lo que generó una deuda impaga con los tenedores de esos instrumentos.

Una causa que vuelve a manos de Loretta Preska

El expediente quedó nuevamente bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Nueva York, una magistrada ampliamente conocida por la Argentina. Preska es quien condenó al país en el juicio por la expropiación de YPF, con una sentencia que ronda los USD 18.000 millones con intereses.

Aurelius inició la primera demanda por los Cupones PBI en 2019. En 2024, la Cámara de Apelaciones falló a favor de la Argentina. Sin embargo, el fondo corrigió errores procesales y volvió a insistir con nuevas presentaciones, algunas de las cuales fueron rechazadas por extemporáneas.

La actual demanda retoma un reclamo presentado en 2024 que había sido suspendido a la espera de la resolución definitiva del caso original. Una vez cerrado ese capítulo, Preska habilitó la continuidad del proceso.

El factor Reino Unido y la estrategia del fondo

En esta nueva ofensiva judicial, Aurelius incorpora un argumento adicional: sostiene que existen fallos definitivos e inapelables en tribunales del Reino Unido, dictados en 2024, que fueron adversos a la Argentina y aún no fueron cumplidos. Según el fondo, esas sentencias deberían ser consideradas vinculantes por la Justicia estadounidense.

De acuerdo con Maril, los acreedores ya iniciaron acciones de ejecución en tribunales de Estados Unidos para forzar el pago o abrir una negociación, mientras los intereses continúan acumulándose. Incluso el Fondo Monetario Internacional mencionó el conflicto por los warrants del PBI como una disputa pendiente que requiere resolución.

Un viejo conocido del default argentino

Aurelius fue uno de los fondos buitre que litigó contra la Argentina tras el default y que finalmente acordó con el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Sin embargo, luego de ese arreglo decidió continuar con acciones legales específicas vinculadas a los Cupones PBI.

La estrategia del fondo es conocida: comprar bonos a bajo precio y litigar durante años para cobrar montos significativamente mayores. Con esta nueva demanda, Aurelius vuelve a sumar presión judicial sobre la Argentina en un frente sensible, que se agrega a otros litigios de alto impacto en el exterior.