La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un nuevo paso en la reorganización del caso YPF tras su fallo favorable a la Argentina: dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes y canceló la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que iban a tratarse esos recursos.

La decisión se inscribe en la lógica del pronunciamiento dictado a fines de marzo, que revocó la condena de USD 16.100 millones contra el Estado argentino. Con este movimiento, el tribunal evita avanzar sobre planteos que podrían perder sentido si ese fallo queda firme.

Entre los recursos alcanzados por la suspensión figura la apelación presentada por la propia Argentina contra la orden de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que exigía la entrega de acciones de YPF como garantía. La medida quedó formalmente congelada junto al resto, aunque su efecto práctico ya había quedado desdibujado tras la caída de la sentencia que le daba sustento.

"La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme", señaló Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

Dos caminos abiertos para Burford

El fallo quedará firme una vez que se agoten -o venzan los plazos para intentar- los dos recursos que aún pueden interponer los demandantes, Burford Capital y Eton Park.

El primero es el pedido de revisión ante el pleno de la Cámara, que habilitaría a todos los jueces del Segundo Circuito a analizar la decisión adoptada por el panel de tres magistrados. El segundo es un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de EEUU.

Este último mecanismo enfrenta un filtro exigente: el máximo tribunal recibe entre 7000 y 8000 presentaciones por año y selecciona apenas alrededor de un centenar, en general vinculadas a cuestiones de derecho federal con impacto amplio. Un litigio centrado en la interpretación del derecho argentino corre con desventaja en ese esquema.

En ese marco, los especialistas que siguen el expediente coinciden en que las chances de revertir el fallo son bajas. Días atrás, Burford solicitó además una extensión del plazo hasta el 8 de mayo para presentar su pedido de revisión, al argumentar que su abogado principal, Paul Clement, tenía "obligaciones profesionales y personales" que dificultaban preparar la presentación en el tiempo original.

El fallo que reconfiguró el caso

A fines de marzo, la Cámara del Segundo Circuito revocó, con dos votos a favor de la Argentina y uno en disidencia, la sentencia de Preska. Ese fallo había ordenado al país pagar más de USD 16.100 millones más intereses por no haber respetado los derechos de los accionistas minoritarios durante la estatización de YPF en 2012.

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson concluyeron que Preska había interpretado de manera errónea el derecho argentino. Señalaron que los estatutos de una sociedad no generan obligaciones bilaterales exigibles entre accionistas que habiliten demandas por daños contractuales en tribunales estadounidenses, y que la ley de Expropiaciones argentina impide acciones judiciales de terceros que interfieran con ese proceso.

El juez José Cabranes votó en disidencia y respaldó la posición de primera instancia.

El tribunal también dejó en claro que YPF no tiene responsabilidad en el caso y que la discusión debe centrarse en el encuadre legal aplicable, no en la conducta política del Estado.

Impacto y reacción de los demandantes

El fallo no implicó una validación de la conducta argentina. Los jueces reconocieron que el Estado incumplió los estatutos de la compañía y que esa decisión afecta la credibilidad del país ante los inversores. Sin embargo, separaron ese punto de la cuestión jurídica: el tipo de reclamo presentado por los demandantes no tiene sustento en el derecho argentino.

Tras conocerse la decisión, Burford expresó su rechazo. "La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York", afirmó en un comunicado.

El fondo, que había adquirido los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones y aspiraba a quedarse con el 70% de una eventual indemnización, sostuvo que aún evalúa alternativas, entre ellas un eventual arbitraje bajo tratados de inversión.

En los mercados, el impacto fue inmediato: tras el fallo del 27 de marzo, las acciones de Burford cayeron con fuerza en Wall Street y en Londres, en línea con la percepción de que el margen para revertir la decisión quedó acotado. Tras caer de casi USD8 a USD4,13 en una sola sesión, la acción sigue bajo presión, y cotiza en niveles de USD3,25 a  USD4,40.