La ley 27.798 del Presupuesto 2026 fue destacada desde el Gobierno por autorizar gastos por debajo de la estimación de recursos, de lo que deviene un superávit fiscal que algunos exponentes del oficialismo presentaron como “el primero de la historia”.

Sin embargo, no basta más que una rápida consulta de las leyes de Presupuesto sancionadas desde el retorno de la Democracia en 1983 para comprobar que hubo catorce casos en los que el Congreso aprobó resultados equilibrados e incluso superavitarios.

 

De la sanción a la ejecución

 

Su ejecución no siempre se ajustó a la letra de la ley y en la mayoría de los casos los ejercicios cerraron con déficits, un riesgo que también se correrá para el Presupuesto 2026 y que para contar con una respuesta a ese interrogante no habrá más remedio que esperar al 31 de diciembre. 

Nadie puede anticipar con precisión que sucederá a lo largo de un año que comenzó con una detención de Nicolás Maduro que ningún legislador previó a la hora de votar la ley de Presupuesto. Pero tampoco la consideró la Secretaría de Energía en sus estimaciones de la balanza comercial sectorial, ni la de Hacienda en su proyección de recaudación de los impuestos a los Combustibles. ¿Qué pasará con el intercambio comercial con Venezuela, el precio del barril de petróleo o las inversiones en Vaca Muerta?

 

“Cuando planifico hay una sola cosa que sé con certeza: le voy a errar”, sostuvo el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Gonzalo Lecuona, en un reportaje concedido a BAE Negocios días antes de un hecho que ni el entrevistador ni el entrevistado pudieron anticipar.

Si bien puede resultar extremo, el caso venezolano es uno de los tantos imponderables que pueden afectar la ejecución de un presupuesto más allá de la voluntad de las autoridades de turno, entre los que en las últimas décadas hubo varios ejemplos, como la pandemia en 2020, el efecto Tequila en 1995 y la devaluación del real en 1999.

 

Superávits con prórrogas

 

En los hechos, la Presidencia de Javier Milei se caracterizó por haber cerrado el ejercicio 2024 con superávit financiero y se da por sentado que en pocos días se informará lo mismo para el 2025.

Lo paradójico de la situación es que esos únicos casos de resultado fiscal favorable de los últimos diez años no se produjeron en Presupuestos con sanción parlamentaria, sino en sucesivas prórrogas de una ley que, en la redacción original aprobada por el Congreso, era deficitaria.

Esa diferencia entre un texto original con déficit y una ejecución con superávit no pudo tener en el medio más cambios abruptos: la ley 27.701 de Presupuesto 2023 se comenzó a elaborar en abril de 2022 en la Presidencia de Alberto Fernández por el entonces titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, con un gabinete de 21 ministros. 

 

Dos presidentes, tres ministros, seis jefes de Gabinete

 

Lo presentó en el Congreso cinco meses después su sucesor, Sergio Massa, ya con dos ministros menos. Y sus prórrogas fueron ejecutadas en la Presidencia de Milei por el ministro Luis Caputo, quien en la actualidad comparte el gabinete con ocho colegas.  Por no agregar que, según la Constitución, la responsabilidad primaria de la ejecución presupuestaria le correspondió en ese lapso a seis jefes de Gabinete.

Si un Presupuesto es, entre tantas definiciones, la expresión en números de un programa de gobierno o, en palabras de Marcos Makon, “el diseño de una forma de vida de una sociedad”, se entienden las preocupaciones ante la posibilidad de una tercera prórroga de una ley que ya no contaba con nada de su redacción original: proyectó para 2023 ingresos por $22,2 billones y gastos por $26,4 billones y hasta noviembre de 2025 acumula respectivamente $112,1 billones y $109 billones.

 

Los presupuestos con “déficit cero”

Los antecedentes de leyes de Presupuesto que proyectaron equilibrio o superávit financiero son catorce y se dieron entre 1993 y 1996 y entre 2004 y 2014, con la excepción de la prórroga del de 2011:

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  Presupuesto 1993, ley 24.191: Resultado financiero equilibrado (tanto la autorización de gastos como la estimación de recursos se fijaron en $39.650.059.134).
• Presupuesto 1994, ley 24.307: Resultado financiero equilibrado (tanto la autorización de gastos como la estimación de recursos se fijaron en $ 39.980.747.390).
• Presupuesto 1995, ley 24.447: Resultado financiero equilibrado (tanto la autorización de gastos como la estimación de recursos se fijaron en $42.979.976.717).
• Presupuesto 1996, ley 24.624: Resultado financiero equilibrado (tanto la autorización de gastos como la estimación de recursos se fijaron en $41.169.096.000).
• Presupuesto 2004, ley 25.827: Resultado financiero superavitario de $ 2.303.606.541.
• Presupuesto 2005, ley 25.967: Resultado financiero superavitario de $4.651.705.239.
• Presupuesto 2006, ley 26.078: Resultado financiero superavitario de $7.439.491.283.
• Presupuesto 2007, ley 26.198: Resultado financiero superavitario de $7.170.500.281.
• Presupuesto 2008, ley 26.337: Resultado financiero superavitario de $7.976.338.807.
• Presupuesto 2009, ley 26.422: Resultado financiero superavitario de $9.121.297.650.
• Presupuesto 2010, ley 26.546: Resultado financiero superavitario de $621.467.050.
• Presupuesto 2012, ley 26.728: Resultado financiero superavitario de $1.446.247.422.
• Presupuesto 2013, ley 26.784: Resultado financiero superavitario de $587.467.133.
• Presupuesto 2014, ley 26.895: Resultado financiero superavitario de $868.932.789.

 

Al listado de cuatro leyes con resultado fiscal equilibrado y diez con superávit financiero, corresponde añadirle el decimoquinto caso con la ley 27.798 de Presupuesto 2026, que contempla un resultado favorable de $226.469.155.049. 

Se descuenta que Milei sostendrá su compromiso de defender el equilibrio de las cuentas, pero no hay más remedio que esperar doce meses para tener la respuesta definitiva. Y a quien arriesgue un anticipo, se le recomienda recordar qué pasó en la mayoría de los catorce antecedentes señalados.