El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso por escrito una hoja de ruta tributaria para la Argentina que combina alivio para algunos sectores de la economía con mayor presión sobre otros contribuyentes. El esquema aparece en el análisis del Artículo IV, incorporado a la última revisión del acuerdo vigente con el país, y apunta a una reforma de mediano plazo: menos retenciones, eliminación de impuestos a las transacciones financieras, más trabajadores alcanzados por Ganancias, cambios en el Monotributo y revisión de alícuotas reducidas y exenciones del IVA.

El diagnóstico del organismo es duro. El sistema tributario argentino, según el staff del FMI, sigue siendo "complejo, altamente distorsivo e inestable", con efectos negativos sobre el crecimiento, la competitividad y la formalización. A partir de ese punto, el informe calcula que una reforma integral podría generar ingresos adicionales por hasta 3,3% del PBI, con cerca de la mitad de esos recursos destinados a las provincias.

El Gobierno ya asumió ante el organismo el compromiso de presentar antes de fin de año una propuesta para modificar el esquema impositivo. El debate, sin embargo, se abre sobre una tensión política conocida: qué impuestos se bajan, cuáles se suben y sobre quién cae el costo de la transición.

Ganancias, el punto más sensible

El capítulo más delicado pasa por el impuesto a las Ganancias. El FMI cuestionó la reforma impulsada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa, que redujo de manera drástica la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y que tuvo apoyo de Javier Milei en el Congreso. Según el organismo, esa modificación dejó a menos del 1% de los empleados formales bajo el impuesto.

Aunque parte de ese cambio fue revertido en 2024, el Fondo consideró que el mínimo no imponible todavía se ubica por encima de los niveles previos. Por eso recomendó "reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)". De acuerdo con sus cálculos, esa modificación permitiría recaudar alrededor de 0,4% del PBI.

Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo consignan que el universo de trabajadores registrados llega a 12.878.900 personas, entre asalariados privados, empleados públicos, monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares. El informe del FMI no precisa cuántos nuevos contribuyentes deberían incorporarse al impuesto, pero volver a una cobertura cercana al 20% implicaría una ampliación fuerte del universo alcanzado.

El organismo también pidió "armonizar las deducciones entre distintas categorías laborales y simplificar la estructura de alícuotas". El argumento es que hoy asalariados, autónomos y monotributistas con ingresos similares enfrentan cargas muy diferentes.

El Monotributo, bajo revisión 

El otro foco central del informe está puesto sobre el Monotributo. El FMI reconoció que el régimen simplificado ayudó a formalizar trabajadores y amplió el acceso a la cobertura previsional y de salud. Pero señaló que también generó una brecha fuerte frente al régimen general. 

"Impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas", sostuvo el organismo.

La crítica apunta al diseño del esquema. Las cuotas fijas y los límites de facturación producen, según el Fondo, "saltos bruscos" entre categorías. Esa estructura desalienta el crecimiento y empuja a muchos contribuyentes a permanecer artificialmente por debajo de determinados umbrales.

La recomendación del staff fue "alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general" y usar herramientas digitales para mejorar controles y simplificar el cumplimiento. Según las estimaciones incluidas en el informe, los cambios sobre el Monotributo podrían aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI en recaudación.

El planteo del FMI aparece después de que el equipo económico de Luis Caputo evaluara una propuesta para eliminar el régimen y pasar a esos contribuyentes al sistema de autónomos, una iniciativa que no llegó a oficializarse, pero que iba en línea con el diagnóstico del organismo.

El régimen tiene un peso creciente en el mercado laboral y en el sistema tributario. Fue creado hace 27 años para formalizar pequeños contribuyentes y pasó de unos 300.000 inscriptos en 1998 a más de 4,7 millones de adherentes voluntarios.

IVA: menos exenciones y compensaciones directas 

El FMI también puso la lupa sobre el IVA, el principal impuesto del sistema argentino. El informe cuestionó la existencia de múltiples alícuotas reducidas y exenciones que, según sus cálculos, representan un gasto tributario equivalente a 1,2% del PBI.

La propuesta consiste en unificar alícuotas y compensar a los sectores vulnerables mediante transferencias directas. El organismo sostiene que subsidiar productos a través de menores tasas de IVA resulta ineficiente porque beneficia tanto a hogares de bajos ingresos como a sectores de mayores recursos.

El esquema podría incluir la eliminación de tasas reducidas para algunos alimentos y bienes que hoy pagan 10,5% o directamente están exentos. Según el FMI, una reforma de ese tipo podría generar una mejora fiscal neta equivalente a 0,4% del PBI.

El punto también abre un frente social sensible. Una suba efectiva del IVA sobre productos de consumo masivo puede mejorar la recaudación, pero el propio diseño sugerido por el organismo exige compensaciones focalizadas para evitar que el impacto recaiga sobre los hogares más vulnerables.

Empresas, impuestos especiales y gasto tributario 

El documento incluyó otros ejes de reforma. Uno de ellos es el Impuesto sobre Sociedades. El FMI señaló que la alícuota máxima del 35% se ubica por encima del promedio mundial del 25% y sostuvo que el esquema progresivo basado en tamaño e ingresos de las empresas puede incentivar maniobras de evasión.

Entre las opciones mencionadas aparece un impuesto mínimo basado en la facturación, combinado con una tasa fija del 30% sobre el impuesto corporativo. El organismo también sugirió revisar el tratamiento de ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, para modificar incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades.

Otro eje apunta a los impuestos especiales. El Fondo propuso un sistema mixto que combine gravámenes específicos y ad valorem sobre productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. También recomendó actualizar por inflación los tributos sobre combustibles y tabaco, una medida que, según sus cálculos, podría generar ingresos equivalentes a 0,5% del PBI.

El informe estimó que el gasto tributario total ronda el 3,5% del PBI. Dentro de esa cuenta, además del IVA, atribuyó 1% del PBI al Monotributo y 0,5% a regímenes especiales.

El alivio prometido: retenciones e impuesto al cheque 

La contracara de esa mayor recaudación aparece en los impuestos que el FMI considera más dañinos para la actividad económica. El staff recomendó usar el espacio fiscal de la reforma para avanzar en la reducción gradual de las retenciones a las exportaciones y en la eliminación de los impuestos a las transacciones financieras.

"Se debe priorizar la reducción progresiva de los impuestos a las exportaciones, especialmente de los principales productos agrícolas de la Argentina, y la eliminación de los impuestos a las transacciones financieras", afirmó el organismo.

El informe puso especial atención en los derechos de exportación sobre el complejo agroindustrial. Según sus estimaciones, una baja de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a 0,5%.

La eliminación total de esas retenciones, siempre según el cálculo del FMI, podría elevar alrededor de 10% las exportaciones de cereales y oleaginosas, tanto crudas como procesadas. Ese movimiento sumaría unos USD 5.000 millones anuales adicionales de divisas y tendría un impacto positivo cercano a 0,4 puntos porcentuales del PBI.

Una reforma con reparto federal 

El diseño también tiene una dimensión federal. El Fondo calculó que cerca de la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de una reforma integral beneficiaría directamente a las provincias. Por eso remarcó que la coordinación entre Nación y gobiernos subnacionales será determinante para aplicar los cambios.

El organismo presentó la reforma como parte de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, reducir incentivos a la evasión y avanzar hacia un esquema más simple. La cuenta final no elimina la presión tributaria: la reordena.