El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo que firmó con Argentina en 2025, bajo la presidencia de Javier Milei. Con el visto bueno, el organismo de crédito desembolsó USD 1.000 millones, elogió el programa económico, pero lanzó duras advertencias sobre el sistema jubilatorio argentino.

El acuerdo inicial con el FMI lo firmó el expresidente Mauricio Macri en el 2018 por USD 50.000 millones y luego se amplió a USD 57.000 millones. Luego, Alberto Fernández reemplazó el programa anterior para alargar los plazos de pago. Sin embargo, Milei firmó un nuevo acuerdo por más dinero. Frente al examen periódico que rinde el equipo económico de Milei sobre el programa financiero vigente, el FMI reclamó "mejorar los incentivos a realizar aportes, aumentar la equidad entre trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo".

Reforma del sistema jubilatorio: qué pide el FMI para "garantizar la sostenibilidad"

Separación de los sistemas contributivo y no contributivo

El FMI propone unificar la PUAM y la jubilación básica en un único sistema no contributivo. Esto implica la división del sistema jubilatorio en dos pisos totalmente separados, donde el Estado te garantiza un piso mínimo de ingresos por el solo hecho de ser ciudadano (vejez), sin importar si se trabajó en la formalidad o no. Con la unificación, las moratorias desaparecerían. La PUAM y esa "jubilación básica" que antes se obtenía por moratoria se fusionan en un único beneficio universal de vejez.

Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se financia con una mezcla de aportes de trabajadores en actividad e impuestos. Al pasar la jubilación básica a un sistema no contributivo unificado, su financiamiento se traslada por completo a las rentas generales. Es decir, los ingresos del Estado que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadnaos del país, como el IVA, Ganancias, Impuesto a los Débitos y Créditos, y ya no de las cargas sociales que se le descuentan al sueldo de un trabajador en blanco.

Proporcionalidad entre aportes y beneficios

El FMI sostiene que el sistema argentino es binario e inflexible. Hay personas que tienen 30 años o más de aportes y otras que no llegan con la cantidad de años trabajados. Alguien que aportó 28 o 29 años no se puede jubilar formalmente por la vía ordinaria y lo que suele suceder es que termina en una moratoria o esperando la PUAM a los 65 años.

Frente a esta situación, el organismo de crédito propone una jubilación proporcional o beneficio por año aportado. Por ejemplo, si una persona tiene 15 años de aportes, cobra un porcentaje de tu sueldo en actividad que se suma al piso no contributivo del punto anterior.

Al existir un beneficio para cada nivel de aporte, el Estado ya no tiene la "necesidad social" de prorrogar leyes de moratoria. Las moratorias se eliminan por completo de forma paulatina. Al saber que "cada año sumado cuenta", el trabajador tiene un estímulo real para exigir estar en blanco, incluso si sabe que por su edad no llegará a los 30 años de servicio.

Ampliación de la base de trabajadores aportantes

El FMI apuesta a revisar el monotributo. Considera que estos regímenes actúan a veces como un subsidio encubierto a la informalidad. La intención es aumentar la carga previsional de los trabajadores independientes para que sea más equitativa con la de los asalariados y fomentar el diseño de políticas de fiscalización laboral mucho más agresivas y reformas normativas que hagan menos costoso contratar en la formalidad.

Unificación y simplificación de regímenes

  El mapa previsional argentino es un archipiélago donde conviven más de 200 sistemas: el SIPA nacional, cajas provinciales no transferidas (como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe), cajas municipales, cajas profesionales (médicos, abogados) y los "regímenes especiales" o de privilegio, de diplomáticos, jueces, docentes, investigadores, mineros. Muchos de ellos permiten jubilarse antes o con el 82% móvil real sobre el último sueldo, financiados a menudo con déficit que cubre la Nación.

El objetivo es que las provincias se alineen con las reglas nacionales, como el aumento de la edad de retiro, cambiar la fórmula de cálculo del haber inicial si quieren seguir recibiendo asistencia financiera de la Nación. También se recortarían las condiciones de excepción. Salvo actividades de riesgo físico extremo insoslayable, se unificarían las tasas de aporte y las fórmulas de beneficio con el régimen general del SIPA. 

Modificar parámetros según cambios demográficos

El FMI sostiene que las reglas actuales del sistema previsional argentino fueron diseñadas para una demografía que ya no existe porque la expectativa de vida aumentó considerablemente. Eso implica que el Estado debe pagar jubilaciones durante muchos más años por cada beneficio. Además, la brecha de edad de jubilación (60 para mujeres y 65 para hombres) quedó desactualizada.

La medida propuesta por el organismo de crédito incluye que la edad de retiro deje de ser un número fijo en la ley e introduce una actualización automática: si la expectativa de vida de la población sube un año, la edad legal para jubilarse sube en una proporción similar. La edad de las mujeres debería cambiar, según el FMI. Para la entidad, tiene que subir de 60 a 65 años.

En la práctica, esto obliga a los trabajadores a prolongar su vida en un mercado laboral que suele expulsar o discriminar a los trabajadores mayores de 50 o 55 años, lo que abre un bache de vulnerabilidad antes de alcanzar la nueva edad de retiro.