Con el foco puesto en la publicación de los pliegos, el Gobierno acelera la hoja de ruta para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y, en paralelo, la compañía presentó un balance 2025 con números que buscan reforzar su atractivo ante potenciales inversores.

El dato central es que la empresa registró un superávit económico neto de $237 mil millones, revirtió una tendencia deficitaria de casi dos décadas y logró reducir su deuda en un 85%.

En despachos oficiales dan por hecho que los pliegos estarán listos en las próximas semanas. La intención es licitar el 90% del paquete accionario a un operador estratégico, mantener el 10% en manos de los trabajadores y, en una segunda etapa, evaluar una apertura parcial de capital en el mercado.

El objetivo fiscal es doble: reducir transferencias del Tesoro y obtener ingresos extraordinarios para fortalecer el frente financiero. La aspiración oficial es recaudar alrededor de USD 500 millones.

Un balance para seducir inversores

El resultado positivo de 2025 permitió a la compañía prescindir de aportes corrientes del Tesoro, algo que no ocurría desde 2007.

En valores constantes, el rojo operativo de $1,048 billones en 2023 quedó atrás y las transferencias estatales se redujeron de $1,31 billones ese año a $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.

La mejora se apoyó en:

• Actualización tarifaria y nuevo esquema regulatorio con ajustes periódicos.

• Reordenamiento de gastos y reducción de costos.

• Baja de la morosidad.

• Reducción de personal: de 7.790 empleados en diciembre de 2023 a 6.069 en la actualidad (-22,1%).

En el plano financiero, AySA informó que cumplió con vencimientos de Obligaciones Negociables heredadas y que, de los u$s298,2 millones reestructurados en 2023, el saldo pendiente cayó a u$s46,5 millones, con vencimiento en mayo de 2026.

Además, volvió al mercado con un fideicomiso financiero por $30.000 millones, mecanismo que permitió anticipar ingresos y reforzar el capital de trabajo.

El mensaje hacia el mercado es claro: autonomía operativa, pasivo ordenado y menor dependencia de subsidios.

Nuevo contrato y desafíos estructurales

Más allá de la mejora contable, el desafío estructural sigue siendo significativo. AySA presta servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad y 26 municipios del conurbano bonaerense, pero arrastra problemas históricos de infraestructura, redes obsoletas y altos niveles de pérdidas físicas y comerciales.

En 2025 se puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más relevantes de las últimas décadas, que amplía la capacidad de tratamiento de efluentes y beneficia a 4,5 millones de habitantes. Sin embargo, la modernización integral requerirá inversiones sostenidas.

Antes de la licitación, el Ejecutivo prevé firmar un nuevo contrato de concesión por entre 20 y 30 años, donde se definirán obligaciones de inversión, estándares de calidad y esquema tarifario. La intención es ofrecer un marco regulatorio estable que reduzca el riesgo jurídico y financiero.

El proceso es coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con acompañamiento de organismos multilaterales que podrían facilitar líneas de financiamiento al futuro concesionario.

Con los números en orden y el esquema contractual en revisión, el Gobierno busca llegar a la licitación con una empresa saneada y un relato de eficiencia que maximice el valor de venta en un contexto de fuerte ajuste fiscal.