El Gobierno nacional postergó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral aprobada dentro de la Ley Bases. Aunque el nuevo esquema debía comenzar a funcionar el 1.° de junio, fuentes oficiales confirmaron que la implementación se retrasará por falta de reglamentación.

La medida impacta sobre todas las empresas del país con empleados registrados, ya que el sistema será obligatorio sin importar el tamaño de la firma.

El Ministerio de Economía todavía no publicó el decreto reglamentario que definirá cómo funcionará el fondo destinado a financiar indemnizaciones y contingencias laborales. 

Después de esa norma también deberán avanzar resoluciones complementarias de la Secretaría de Trabajo, la ARCA, la Anses y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el oficialismo aseguran que el FAL entrará en vigencia durante el segundo semestre, aunque la ley fijó como fecha límite el 1.° de enero de 2027.

Cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Estudios privados calculan que el costo fiscal anualizado podría rondar el 0,23% del PBI.

El esquema prevé que los empleadores deriven parte de los aportes patronales a un fondo específico administrado por bancos o sociedades de bolsa autorizadas por la CNV.

En vez de girarse íntegramente a la Anses, esos recursos se invertirán en instrumentos financieros y podrán utilizarse para cubrir indemnizaciones por despidos o juicios laborales.

Según el diseño original, las grandes empresas deberán aportar el equivalente al 1% de las cargas sociales, mientras que para pymes el porcentaje ascenderá al 2,5%.

El costo no recaerá directamente sobre las compañías porque esos aportes se compensarán con una reducción equivalente en contribuciones patronales. Sin embargo, el esquema implicará menor recaudación para el sistema previsional.

El mercado financiero esperaba captar hasta USD 4000 millones

La industria financiera seguía de cerca la reglamentación porque el nuevo esquema promete convertirse en una fuente masiva de fondos para el mercado de capitales.

Distintas entidades calculan que los FAL podrían movilizar entre USD 2500 y USD 4000 millones por año.

El titular de la CNV, Roberto Silva, había definido semanas atrás al nuevo sistema como "una revolución de números y de tamaño brutal", al estimar que alcanzará a más de 500.000 empleadores.

El problema operativo que enfrenta el Gobierno

Uno de los puntos que todavía analiza el Ejecutivo es cómo funcionarán los fondos para pequeñas empresas.

En el Gobierno reconocen que sería complejo crear un fondo individual para cada pyme y, al mismo tiempo, difícil de administrar para bancos y sociedades de bolsa.

Por eso avanzan en la posibilidad de habilitar "FAL compartidos" o fondos multiempresa para agrupar aportes de pequeñas firmas dentro de una misma estructura financiera.

La alternativa permitiría que bancos o ALyCs ofrezcan un "FAL pyme" para múltiples compañías, reduciendo costos administrativos y simplificando la operatoria.

Qué inversiones podrán hacer los fondos

Otro aspecto pendiente de reglamentación es la política de inversión de los FAL.

El Gobierno ya definió que los recursos deberán colocarse en activos argentinos, aunque todavía no precisó qué porcentaje irá a bonos soberanos, instrumentos corporativos, plazos fijos u otros activos financieros.

En principio, quedarían excluidos los Cedears y otros activos vinculados al exterior.

También resta definir qué ocurrirá si una empresa decide cambiar de administradora y cómo funcionará la portabilidad de los fondos acumulados.

Reforma laboral: avances parciales y capítulos frenados

Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con distintos puntos de la reforma laboral, aunque varios artículos siguen pendientes de implementación y además enfrentan cuestionamientos judiciales.

El FAL aparece como uno de los capítulos más sensibles porque combina reforma laboral, mercado de capitales y financiamiento previsional.

La demora coincide además con un contexto de caída de la recaudación y fuerte ajuste fiscal, un factor que dentro del mercado financiero vinculan directamente con la decisión oficial de postergar el lanzamiento del sistema.