El Ministerio de Economía formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con lo que el servicio de agua corriente y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a ser operado por una empresa privada, 20 años después de su restatización.

Las ofertas técnicas detalladas en los sobres 1 serán presentadas el 27 de agosto a las 10 y luego de un período de precalificación, se procederá a la apertura de las ofertas económicas contempladas en el sobre 2, probablemente a mediados de septiembre.

Con la privatización de AySA, el Gobierno del presidente Javier Milei prevé un ingreso del orden de los USD 500 millones que, a pesar de algunas especulaciones al respecto, no podrán estar disponibles para el pago de los vencimientos de deuda de julio, estimados en unos USD 4.200 millones.

La medida se plasmó en la resolución 704/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que también se aprobó el pliego de bases y condiciones, incorporado en un anexo.

"Mejorar inversiones"

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la publicación de la norma en un posteo por la red social X difundido el jueves, en el que sostuvo que "la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento".

Los puntos principales de la licitación

La privatización se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, con la presentación de las ofertas técnicas el 27 de agosto y, luego de que el Comité de Evaluación de a conocer los oferentes precalificados, se procederá a la presentación o apertura de las ofertas económicas, en una fecha aún no determinada, pero que podría ser a mediados de septiembre.

Se procederá a la venta del 90% del paquete accionario a un operador estratégico, quedando el 10% restante para los trabajadores de la empresa en el marco del Programa de Propiedad Participada (PPP).

El oferentes deberá acreditar capacidad para obtener financiamiento por un moto agregado no inferior a USD 150 millones durante los últimos 10 años y un patrimonio neto consolidado de por lo menos UD 300 millones.

Si estuviera integrado por un fondo de capital privado, consorcio o cualquier tipo de estructura plural de administración de activos, deberá acreditar activos  bajo gestión no inferior a los USD 1.000 millones.

Desempate

Cuando entre las dos ofertas económicas más elevadas por su monto existiese una diferencia de hasta el 5%, se entenderá que existe un empate y la Comisión de Evaluación les solicitará la presentación de una oferta superadora en el plazo de un día hábil desde la notificación.

Si se diera el caso poco probable de un empate absoluto entre las dos nuevas ofertas, se solicitará una tercera propuesta, procedimiento que "se repetirá tantas veces como sea necesario", de acuerdo con lo pautado en el anexo de la resolución.

El dictamen de evaluación de las ofertas económicas deberá emitirse dentro de los 2 días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de apertura de esas propuestas, plazo que podrá ser extendido por el mismo lapso por el Ministerio de Economía.

Veinte años y un siglo más

AySA opera el servicio de agua corriente y cloacas del AMBA desde 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner resolvió rescindir el contrato de la operadora Aguas Argentinas, que había ganado la licitación en 1993.

El servicio venía siendo cumplido por la disuelta Obras Sanitarias de la Nación (OSN) desde 1912.

La reprivatización de AySA está contemplada en el artículo séptimo de la ley de Bases 27.742 y luego contemplada en sucesivas medidas complementarias, como los decretos 493, 494 y 805 de 2025, así como la resolución de Economía 543/2026.