El Gobierno formalizó una nueva estructura organizativa de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con la eliminación de las gerencias ejecutivas regionales y la división del área de Planeamiento y Concesiones en dos unidades diferentes, en vistas al nuevo perfil de la entidad y el mantenimiento de las rutas nacionales mediante el cobro de peajes a operadores privados.

La medida se plasmó en el decreto 533/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, a casi un año del intento frustrado de disolver el organismo mediante el decreto 461/2025, finalmente rechazado por vía legislativa.

Sobre un total de unos 44.000 kilómetros de rutas nacionales, el objetivo del Gobierno es el de concesionar más de 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones (RFC), para que operadores privados se hagan cargo del mantenimiento de esos tramos por medio de concesiones por peaje.

La nueva estructura

En el anexo del decreto se detallan las gerencias ejecutivas y subgerencias que quedarán de la estructura organizativa de primer nivel operativo, que modifica el esquema vigente desde hace nueve años, establecido en la Decisión Administrativa 112/2017.

Del esquema anterior se eliminan las gerencias ejecutivas regionales del NEA, NOA, Cuyo, Centro y Sur, de las que dependen los 24 distritos.

La Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones se divide en dos áreas, las de Planeamiento y la de Control de Concesiones; la de Operación y Mantenimiento pasa a denominarse Mantenimiento y Calidad; la de Recursos Humanos se reemplaza por la de Recursos Humanos y Técnica Operativa y la de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política pasa a ser la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional.

Continúan sin cambios las gerencias ejecutivas de Proyectos y Obras, de Asuntos Jurídicos, de Administración y Finanzas y de Licitaciones y Contrataciones.

El intento de cierre

El 7 de julio de 2025, sobre el cierre del plazo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei decretó el cierre de la DNV y el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó la medida en una conferencia de prensa como "el acta de defunción de la corrupción en la obra pública".

Según Adorni, la DNV presentaba "una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional".

"La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de USD 100 millones, optimizando el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado", completó.

No obstante, diez días después la Justicia dio lugar a una cautelar presentada por el sindicato de los trabajadores del sector y el 25 de agosto el Congreso rechazó el decreto.