El juez federal Daniel Rafecas rechazó suspender la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y dejó avanzar el proceso para concesionar uno de los corredores estratégicos del comercio exterior argentino. La decisión respaldó el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, que había considerado insuficientes los planteos para paralizar el trámite administrativo.

La resolución impacta sobre la licitación pública nacional e internacional para la modernización, dragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. El expediente acumuló denuncias por presunto direccionamiento, irregularidades en los pliegos y cuestionamientos administrativos, pero el juez entendió que esos planteos no alcanzaban para dictar una medida cautelar de no innovar.

Rafecas sostuvo que no se acreditaron los requisitos exigidos para una decisión de esa magnitud: apariencia de derecho, peligro concreto en la demora y garantía suficiente. En términos prácticos, el magistrado marcó que una licitación estatal en marcha no puede frenarse solo con hipótesis, sospechas o denuncias iniciales.

El límite que fijó Rafecas

El centro de la decisión está en el estándar judicial aplicado al caso. Para Rafecas, las medidas cautelares son "remedios procesales de aplicación restrictiva" y solo pueden prosperar cuando existen elementos concretos que justifiquen una intervención excepcional sobre la actividad administrativa.

El juez señaló que las presentaciones todavía no superaron la instancia inicial de denuncia. Aunque describen un cuadro de presuntas irregularidades, no aportan prueba material suficiente ni acreditan un daño grave, actual e inminente que obligue a suspender el proceso licitatorio.

El fallo también invocó jurisprudencia reciente que exige a los jueces actuar con "máxima prudencia" cuando una medida puede afectar el funcionamiento normal de organismos públicos. Ese criterio pesó especialmente porque existen otros procesos en trámite ante la Justicia Federal de Santa Fe, donde ya se rechazaron medidas preventivas vinculadas al mismo procedimiento.

El dictamen de Marijuán

La resolución de Rafecas siguió el criterio del fiscal Guillermo Marijuán, que se había opuesto a frenar la licitación. En su dictamen, el fiscal sostuvo que no se acreditó la verosimilitud del derecho invocado ni una arbitrariedad manifiesta del accionar administrativo.

"No se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo, especialmente exigible frente a la Administración Pública... tampoco se demuestra el peligro concreto en la demora al que alude la presentante", consignó Marijuán.

El fiscal también recordó la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Bajo ese principio, una licitación pública solo puede suspenderse si aparecen pruebas claras de ilegalidad o un riesgo grave e inminente. Para Marijuán, esos extremos no estaban demostrados.

Además, el dictamen señaló que parte de los planteos agregados al expediente no guardaban correspondencia directa con el objeto principal de la investigación, centrada en una posible deuda de AGPSE con Compañía Sudamericana de Dragados S.A., un supuesto direccionamiento de otra licitación y una eventual defraudación vinculada con la administración estatal de la Vía Navegable Troncal durante 2023.

Las denuncias y las alertas administrativas

Las presentaciones objetaban el diseño de los pliegos, el requisito de 44 pies de calado y un presunto direccionamiento en favor de Jan de Nul, además de mencionar al Grupo Neuss como supuesto "socio oculto" mediante subcontratos no declarados. El expediente también incorporó observaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que advirtió sobre "serias y evidentes irregularidades", cuestionó la audiencia pública ambiental, la falta de estudios de impacto actualizados, la fórmula de evaluación técnica y una cláusula por USD 35 millones a favor de la AGP en liquidación.

Rafecas no resolvió el fondo de esas acusaciones. Su decisión se concentró en el punto procesal inmediato: con los elementos disponibles, no había prueba suficiente ni peligro concreto para suspender ahora la licitación.

La concesión sigue en marcha

La Hidrovía es una infraestructura clave para la economía argentina y regional. Por allí circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del país y también cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En el proceso licitatorio se presentaron tres oferentes: Jan de Nul NV, DEME y DTA Engenharia LTDA. Tras la evaluación técnica, Jan de Nul-Servimagnus quedó primera en el orden de mérito con 66,20 puntos, seguida por DEME, con 42,14.