La Confederación Europea de Sindicatos instó  a la Comisión Europea a crear un marco normativo sobre teletrabajo para evitar que los trabajadores asuman costos o pierdan derechos, después de que Bruselas haya recomendado esta modalidad como medida para ahorrar energía.

La organización sindical, de acuerdo con Europa Press, considera que el teletrabajo puede contribuir al ahorro, pero advierte de que no debe hacerse "a costa de los derechos de los trabajadores" ni trasladarles los costos derivados del teletrabajo, en un contexto de suba de los precios de la electricidad.

En este sentido, reclama al Ejecutivo comunitario que concluya "con urgencia" la legislación sobre teletrabajo, tras haber lanzado el pasado verano una segunda fase de consulta, y que incluya garantías como el respeto efectivo al derecho a la desconexión fuera del horario laboral.

Asimismo, defiende que los empleadores asuman todos los gastos asociados al trabajo en remoto, incluidos equipos, conexión o consumo energético, y que se garantice que los trabajadores mantengan los mismos derechos que quienes ejercen su actividad de forma presencial, en ámbitos como salario, formación o salud laboral.

Riesgos colaterales

Los sindicatos alertan además de los riesgos asociados a un uso intensivo de esta modalidad de trabajo sin un marco claro, citando estudios de la propia Comisión que apuntan a un aumento de la carga laboral, la disponibilidad fuera de horario y los conflictos entre vida profesional y personal.

Según los datos recogidos por la organización, quienes trabajan habitualmente desde casa tienen hasta cuatro veces más probabilidades de hacerlo en su tiempo libre, una situación que --alertan-- afecta en mayor medida a las mujeres.

La ETUC subraya que el teletrabajo no debe reforzar desigualdades, como las cargas de cuidados no remuneradas, ni derivar en prácticas de control excesivas.

En paralelo, la agrupación de sindicatos pide a la UE complementar estas medidas con políticas más amplias para proteger el poder adquisitivo y el empleo, como el control de los precios energéticos, el uso de herramientas de gestión de crisis o inversiones en eficiencia energética.