El equilibrio fiscal se consolidó como el principal pilar del programa económico que el Gobierno de Javier Milei impulsa desde fines de 2023. Sin embargo, un informe de PwC advirtió que al menos tres iniciativas legislativas podrían tensionar el objetivo oficial de alcanzar este año un superávit primario del 1,5% del PBI.

El análisis sostiene que el impacto fiscal de estas normas podría implicar una pérdida relevante de recursos o un aumento del gasto público, en un contexto en el que el Ejecutivo mantiene el ajuste como principal ancla macroeconómica.

Reforma laboral: costo fiscal directo de 0,15% del PBI

Según PwC, la reciente reforma laboral ya implica un costo fiscal de base equivalente al 0,15% del PBI, debido principalmente a la eliminación de impuestos internos y a una menor recaudación vinculada al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), diseñado para financiar despidos.

El informe aclara que el impacto podría ampliarse hasta el 0,18% del PBI si se aplican las alícuotas máximas previstas en la normativa.

Educación universitaria: el costo podría llegar al 0,23% del PBI

El estudio también pone la lupa sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025 pero actualmente incumplida por el Gobierno.

PwC estimó que el costo fiscal ascendería a 0,23% del PBI, cifra similar a la calculada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, ya que contempla la restitución de transferencias a universidades nacionales a valores reales de 2023.

No obstante, la aplicación plena permanece incierta: la norma está judicializada y el Ejecutivo presentó una alternativa con menor impacto fiscal.

Emergencia en Discapacidad: impacto de entre 0,25% y 0,48% del PBI

El tercer punto crítico es la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, también sancionada en 2025.

PwC ubicó el impacto fiscal en un rango de entre 0,25% y 0,48% del PBI. Aunque la norma ya fue reglamentada, el Gobierno anticipó que analiza una contrapropuesta, que todavía no formalizó.

El informe tomó como referencia el punto medio del rango estimado (0,37% del PBI) para proyectar el efecto agregado.

El impacto total podría alcanzar 0,75% del PBI

PwC advirtió que la suma del costo directo de estas tres normas podría generar una presión fiscal acumulada cercana al 0,75% del PBI en 2026, un número relevante si se considera la meta de superávit que sostiene el Ejecutivo.

"Sumando el costo directo de la reforma laboral y estas dos leyes, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0,75% del PBI en 2026", indicó el documento.

Subsidios energéticos y privatizaciones, las cartas del Gobierno

A pesar del escenario, el informe identificó variables que podrían compensar ese impacto.

El principal factor es la reducción de subsidios energéticos, que desde 2023 viene bajando a razón de 0,5 puntos del PBI por año, tendencia que se refuerza con el esquema de subsidios focalizados implementado desde febrero de 2026.

En paralelo, PwC destacó los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones. En enero, el Tesoro ya registró recursos equivalentes a 0,12% del PBI por la adjudicación de represas hidroeléctricas del Comahue.

Además, se esperan avances en licitaciones o ventas de activos estatales en empresas como AySA, CITELEC e Intercargo, con un aporte estimado por el mercado en torno a US$783 millones, equivalentes a 0,13% del PBI.

En total, el ingreso por privatizaciones podría rondar el 0,25% del PBI.

Menor gasto en salarios públicos, con margen acotado

PwC estimó que en 2026 podría haber una reducción adicional de 0,1% del PBI, aunque aclaró que el espacio para profundizar esa vía se achica.

El tercer elemento que podría funcionar como compensación es la baja del gasto en salarios del sector público, aunque el margen sería menor.

En 2025, la masa salarial de la administración nacional representó el 1,9% del PBI, uno de los niveles más bajos de la última década, tras una caída acumulada de 0,7 puntos entre 2023 y 2025.

Además, la dotación de personal cayó 18,8% entre noviembre de 2023 y enero de 2026.

El Gobierno podría sostener la meta fiscal, pero con tensión política

En conclusión, el informe señaló que la combinación de menores subsidios, privatizaciones y recorte de salarios podría generar un impacto fiscal positivo de hasta 0,85% del PBI, suficiente para compensar el costo potencial de las tres leyes.

Sin embargo, el documento dejó implícito que el desafío no será solo económico, sino también político: el Ejecutivo deberá sostener el ajuste mientras enfrenta presión legislativa y social por el cumplimiento de normas ya aprobadas.