A través de un comunicado dado a conocer este sábado, el Ministerio de Economía anunció que "están dispuestos a hacer ajustes al marco contractual" para tratar de llegar a un acuerdo con los bonistas pero ratificaron que la oferta "ya hecha" y que "no va a haber $1 más a la propuesta que hicieron".

"Argentina y la comunidad de acreedores tienen un interés común: el crecimiento sostenible a largo plazo. Ese es el único camino verdadero para generar una recuperación de valor para los acreedores en términos equitativos. Argentina no puede perder ni perderá de vista ese objetivo. Ningún acuerdo vale ese precio", señala el documento oficial. 

Con esta nueva postura, el Ejecutivo analiza los límites pedidos por los fondos a la táctica pac-man en busca de que acepten la propuesta económica, tal como adelantó BAE Negocios. El Presidente habló ante acreedores en el Consejo de las Américas y les pidió: "Por favor, ayuden sacar a Argentina de esta postración".

Entre las propuestas que destaca el Gobierno por medio de comunicado, señala que Argentina "desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda (...) sólo cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores".

"Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina", resalta la postura oficial. 

Así, la estregia del equipo económico encabezado por el ministro Martín Guzmán mantendrá la oferta oficial de USD53,5 de valor presente neto por cada USD100 de valor nominal, sin embargo, en busca de tender un puente, empezará a flexibilizar su postura contractual. Ya lo había hecho con los tenedores de deuda reestructurada en 2005 a quienes les respetará sus contratos más beneficiosos.

En tanto, los grupos Ad Hoc, liderado por BlackRock; Exchange, de los bonistas del canje 2005; y el Comité de Acreedores de Argentina, que en conjunto aseguran tener más un tercio de los bonos elegibles y por ende poder de bloqueo de una reestructuración generalizada, enviaron el lunes pasado una contrapropuesta de USD56,5. La diferencia: tasas de interés promedio de 3,4% en vez de 3,07%, un adelantamiento de dos meses en las fechas semestrales de pago y un cupón cinco veces mayor para el bono que capitalizará los intereses devengados.

“Hicimos un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aun cuando la pandemia nos sigue pegando porque queremos resolverlo. Lo que necesitamos es comprensión de todos. Pero no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez. Es imposible pedirle a un país que tiene un 40% de pobreza que haga un esfuerzo más porque el esfuerzo siempre recae sobre los sectores más vulnerables”, indicó Fernández, acompañado por Guzmán, en el evento coordinado por Susan Segal, CEO de la entidad de lobby empresarial estadounidense para América Latina, donde participan multinacionales, bancos y grandes administradores de fondos de inversión.

Comunicado del Gobierno

A la luz de los acontecimientos recientes relacionados con los esfuerzos de reestructuración de la deuda Argentina, la República desea aclarar los pasos que condujeron a la situación actual y la importancia de lograr una resolución equitativa que cumpla con su responsabilidad ante el pueblo argentino.

El 21 de abril de 2020, Argentina publicó su oferta a los tenedores de bonos en circulación regidos por ley extranjera emitidos en virtud del indenture de 2005 y el indenture de 2016. El objetivo de la oferta era ajustar los términos de dichos bonos a niveles sostenibles, a la luz de las perspectivas macroeconómicas de la Argentina, así como de su historial. La oferta también permitiría a la Argentina emprender un camino realista hacia el crecimiento económico.

A lo largo del proceso que siguió, Argentina ha permanecido comprometida de buena fe con sus acreedores internacionales. Durante las diez semanas que siguieron a su oferta inicial, Argentina mantuvo numerosas rondas de discusiones y conversaciones con diferentes grupos de inversores. Ese diálogo, a pesar de sus deficiencias, fue de gran utilidad tanto para los inversores como para Argentina. Los inversores pudieron identificar mejoras en la oferta de Argentina que aumentarían el valor de sus títulos de deuda modificados, a la vez que éstos continuaban siendo compatibles con el análisis de la República y el FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina. La República pudo explicar sus preocupaciones en cuanto a la capacidad del pueblo argentino para asumir un esfuerzo adicional, mientras que el COVID-19 llegó a Argentina y su impacto en la economía se hizo tangible.

Los inversores esperaban que Argentina modificara los términos de la oferta inicial en numerosos aspectos. En un esfuerzo por incorporar las sugerencias de un cuerpo diverso de acreedores y llegar a un consenso, la Argentina extendió plazos y discutió condiciones de reestructuración y otros incentivos cada vez más generosos. Sin embargo, algunas de las solicitudes de los acreedores habrían comprometido la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecado las perspectivas de las generaciones argentinas presentes y futuras. Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores. Si la historia financiera reciente de Argentina nos ha enseñado algo es que el objetivo de corto plazo de conseguir el apoyo de los acreedores no puede echar por la borda la disciplina de asumir compromisos sólo en la medida en que éstos puedan cumplirse a largo plazo.

El 6 de julio de 2020, Argentina publicó su oferta modificada, cristalizando su esfuerzo de buena fe por plasmar las sugerencias resultantes de las diez semanas de diálogo con su comunidad de acreedores. La propuesta enmendada de Argentina mejoró el valor de los títulos de deuda modificados y abordó varias cuestiones de documentación planteadas por los acreedores, a la vez que se ajustaba a las limitaciones de sostenibilidad de la deuda. También introdujo un umbral mínimo de participación, gesto que denota la voluntad de Argentina de proceder sólo si existiere un amplio consenso para su propuesta de reestructuración.

El 16 de julio de 2020, el gobierno presentó al Congreso argentino un proyecto de ley que establece los términos de una propuesta de reestructuración de los bonos de ley local denominados en dólares estadounidenses. Como se anunció previamente, buscando preservar la equidad entre acreedores, Argentina ofrecerá a los titulares de bonos locales términos equitativos a la luz de los términos ofrecidos a los titulares de bonos regidos por ley extranjera.
El 20 de julio de 2020, representantes de varios grupos de inversores presentaron una contrapropuesta a la invitación enmendada de Argentina del 6 de julio de 2020. En esencia, la contrapropuesta pide términos financieros aún más generosos que los incluidos en la oferta actual de Argentina y ajustes adicionales a términos contractuales. A su vez, los inversores solicitaron que Argentina cubra los honorarios y gastos de algunos de sus propios asesores.

Los acreedores hicieron esta nueva presentación con la esperanza de que Argentina "tome la propuesta con espíritu constructivo". También reconocieron el actuar de buena fe por parte de Argentina y sus asesores. Un comunicado de prensa publicado el 20 de julio de 2020 se refirió a un "acuerdo de cooperación" existente entre los grupos de acreedores autores de la contrapropuesta. Sin embargo, en lugar de comprometerse a cooperar con la Argentina para superar sus dificultades y crear oportunidades de crecimiento, el comunicado habla de un acuerdo para rechazar la oferta Argentina entre los acreedores, quienes afirman tener más de un tercio de los bonos de la Argentina.

A pesar de este lamentable paso hacia atrás, Argentina ha examinado estas nuevas solicitudes en forma constructiva y de buena fe. Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados. No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto. Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor. Argentina y la comunidad de acreedores tienen un interés común: el crecimiento sostenible a largo plazo. Ese es el único camino verdadero para generar una recuperación de valor para los acreedores en términos equitativos. Argentina no puede perder ni perderá de vista ese objetivo. Ningún acuerdo vale ese precio.

Por la misma razón, Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores. Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina.

Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias. Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener. Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina.