Un total de 13.359 trabajadores fueron despedidos o suspendidos desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo último, mientras que crece el número de empresas que aplican una reducción salarial, de acuerdo con un informe del Observatorio de Despidos.

El reporte, que se arma con el relevamiento de distintos medios, nacionales y locales, y de las denuncias que llegan vía redes sociales al Observatorio, arrojó también que, en el mismo período, el promedio de reducción salarial en las empresas que implementan ese mecanismo es del 42%.

El mapa de despidos y suspensiones -según publicó el sitio La Izquierda Diario- reflejó que mientras un 54,16% de las empresas utilizaron hasta el momento la reducción del salario; el 34,4% decidió postergar los pagos de sueldos y el 10,4% restante llevó a cabo medidas varias tales como adelantamiento de las vacaciones y quita del presentismo, premios y horas extras.

Según el informe, en la distribución de casos por provincia, donde se están produciendo la mayor cantidad de despidos y suspensiones es en la provincia de Buenos Aires con 5198 casos, seguida por Santa Fe con 1958 y Salta con 1650.

Esta crítica situación del mercado laboral argentino se disparó tras la decisión del Gobierno de aplicar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

El Gobierno nacional prohibió por decreto durante dos meses las suspensiones y los despidos por las causales de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo que prevé la Ley de Contrato de Trabajo. Según el DNU, ni siquiera iniciando un Procedimiento Preventivo de Crisis podría despedirse por fuerza mayor ni ninguna de las causales invocadas, pero hay casos en que la prohibición no se aplica.

Además de los despidos con causa justa, como en caso en que el trabajador haya incurrido en una injuria laboral, las suspensiones no pueden ser unilaterales, pero sí acordadas entre empleadores y empleados o sindicatos, es decir que las suspensiones acordadas bilateralmente siguen vigentes.

En el intento oficial por evitar despidos, el ministro de Desarrollo Productivo, Matía Kulfas, aseguró en las últimas horas que el Gobierno está evaluando que el Estado se haga cargo de una parte de los salarios de los trabajadores del sector privado a partir de mayo, con el fin de brindar auxilio a las empresas por la caída de la actividad.