Tras casi un año en default, los acreedores de La Rioja nucleados en el Grupo Ad Hoc salieron a disparar munición gruesa contra la provincia, por considerar que el gobierno de Ricardo Quintela interrumpió de forma unilateral las negociaciones y quiere imponerle quitas a los bonistas que no se condicen con la holgura fiscal que atraviesa el distrito.

Se trata de la reestructuración de un título "verde" por 300 millones de dólares emitidos en el 2017 para financiar la construcción del parque eólico Arauco, que ya se encuentra en funcionamiento. Justamente, estos fondos que hicieron frente común y dicen dicen tener el 63% del monto nominal de la colocación cuestionaron que la jurisdicción ya está gozando de las regalías de ese proyecto y, sin embargo, desde agosto del año pasado que no está cumpliendo con esas obligaciones.

En ese sentido, el Grupo Ad Hoc recordó que entre el 4 y el 30 de junio ambas partes entraron en conversaciones confidenciales, que incluyeron dos propuestas por parte de la provincia y dos contraofertas de parte de los acreedores. Pese a ello, "no se llegó a un consenso y la Provincia no respondió de manera sustantiva a la segunda contrapropuesta del Grupo Ad Hoc y puso fin unilateralmente a las discusiones", denunciaron los bonistas en un comunicado.

El proyecto ya está operativo desde 2020

Los principales tenedores de este título con vencimiento en 2025 advirtieron que la provincia cuyana "ha buscado términos de reestructuración que no se basan en sus necesidades financieras e imponen cargas desproporcionadas sobre sus bonistas". 

"Las finanzas están en muy buena forma y superan ampliamente las proyecciones que la provincia proporcionó a los bonistas poco después de su incumplimiento en agosto del 2020. Los ingresos han sido saludables durante todo el período de la pandemia y se han acelerado aún más en el 2021. Con tal fuerte desempeño económico, el impago oportunista de la provincia de su Bono Verde se vuelve totalmente indefendible", sentenciaron.

En definitiva, los acreedores apuntaron contra la administración de Quintela por haber logrado "más de USD$169 millones de superávit económico" y financiado "una expansión masiva de obras públicas, mientras ha incumplido USD$29,2 millones (hasta ahora) de pagos de intereses contractuales a los bonistas que financiaron sus proyectos de sostenibilidad incluida la construcción de sus activos de parques eólicos".

El juego de las diferencias

Los bonistas señalaron que la última propuesta de la Rioja se encuentra por debajo de la que cerraron el resto de las provincias que lograron reestructurar su deuda como Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Salta o Jujuy. Por ejemplo, estas últimas cerraron un promedio de cupón de 5,44% en los dos primeros años mientras que el gobierno de Quintela pretende un 3,46% (contra un 6% del Grupo Ad Hoc). También, resaltaron que en todos esos casos se reconocieron la totalidad de los intereses impagos, algo que la administración riojana quiere hacer sólo de forma parcial.

"Medida por peso de deuda o manejo fiscal, la capacidad de pago de la provincia compara favorablemente con las otras provincias mencionadas anteriormente. Sumando a esto el default sin precedentes en un Bono Verde que se utilizó, entre otras cosas, para construir los activos del parque eólico, no hay argumentos para que la provincia requiera términos más generosos que los obtenidos por otras provincias", consideraron los acreedores.

Actualmente, La Rioja es junto con Buenos Aires las dos únicas jurisdicciones que permanecen en default y, en ambos casos, enfrentan procesos judiciales en los tribunales norteamericanos. La semana pasada, el gobierno bonaerense entró en conversaciones confidenciales tras una audiencia con los bonistas mantenidas en suelo estadounidense.

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