El Presidente de la Fundación Inclusiva Productiva, Carlos María de los Santos, presentó un proyecto que plantea la desaparición física de los pesos argentinos para dar paso a una nueva moneda digital: el Peso Argentino Digital (PAD).

En ese sentido, el empresario defendió su postura y explicó: "El Peso Argentino Digital permitiría que todas las transacciones sean detectadas y registradas. Hoy la evasión tributaria ronda el 50 por ciento. De esta forma se eliminarían los billetes y monedas en circulación y se llevaría todo a saldos bancarios".

También hizo hincapié en que, además de eliminarse el déficit fiscal, se podría alcanzar un superavit del 15 al 20%, que permitiría que bajen los impuestos y la gente pueda producir y consumir, según él. Se trata de "una herramienta para el crecimiento, el desarrollo sostenible y con inclusión".

El sistema financiero también se vendría beneficiado por debido a que podría inclinarse hacia uno proactivo, en donde el ahorrista pueda ser resguardado con tasas positivas para no recurrir a inversiones especulativas y puedan conseguir créditos accesibles para la economía real. 

 

Más ventajas que posee el Peso Argentino Digital

Según detallaron, estas serían algunas de las ventajas de esta propuesta:

Se puede implementar desde el sistema financiero, lo que permitiría una inmediata instrumentación que utilizaría las estructuras y tecnología que poseen los bancos.

No requiere emisión monetaria.

No implica costos para el Estado.

Direccionaría el circulante monetario hoy en poder del público y los bancos, a créditos de consumo, capital de trabajo e inversiones productivas, públicas y privadas.

El recupero del circulante monetario actual por parte del sistema financiero y la creación contable-crédito originada por esos fondos permitiría triplicar la capacidad crediticia de los bancos.

Todos los movimientos monetarios quedarían registrados, por lo que se eliminaría la evasión impositiva. Así, se podría lograr una mayor recaudación sin nuevos tributos y ajustes, regularizando el mercado laboral informal y redistribuyendo la carga tributaria actual hacia la producción y el consumo.

No se contrapone a políticas y/o exigencias que limiten el financiamiento por parte de organismos públicos y privados nacionales e internacionales.