La reforma de jubilaciones de Brasil, la gran apuesta del gobierno de Jair Bolsonaro para encarrilar las cuentas públicas y recuperar definitivamente la confianza de los mercados, al cierre de esta edición entraba en una etapa decisiva con la votación por parte del plenario de la Cámara de Diputados, que avanza a contrarreloj para aprobar el texto antes del receso del 18 de julio.

Después de que el martes finalizaran las discusiones en comisión sobre la reforma, se esperaba que los diputados voten en primer turno la enmienda a la Constitución (PEC). El proyecto ya fue aprobado la semana pasada en una comisión especial parlamentaria, y ahora debe pasar dos veces por la Cámara de Diputados, donde necesitará 308 de los 513 votos. A continuación pasará al Senado, que requiere 49 votos de un total de 81 senadores.

La iniciativa se plantea lograr un ahorro fiscal de un billón de reales (unos 263.000 millones de dólares) en 10 años. Tanto Bolsonaro como su equipo económico, dirigido por el ultraliberal ministro Paulo Guedes, insisten en que sin una reforma del sistema de jubilaciones, el país se irá a la quiebra en unos años.

El gobierno tuvo que desistir de imponer un sistema de capitalización individual “a la chilena”

La propuesta fija una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, con un mínimo de contribución de 30 y 35 años, respectivamente, y un período de transición de 12 años hasta que las reglas entren en vigor. Actualmente, en el sector privado las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35, independientemente de su edad.

El gobierno en cambio tuvo que desistir de su idea de imponer un sistema de capitalización individual "a la chilena", que consiste en que los contribuyentes se financian su propia jubilación, y con el que pretendía sustituir al actual régimen de reparto.

Según Guedes, el problema con el régimen de reparto es que está condenado al fracaso porque cada vez habrá menos contribuyentes y más jubilados. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que Brasil tendrá 58,2 millones de ancianos en 2060, cerca de un 25,5 % de su población, frente al 9,2 % (19,2 millones) en 2018. Otro de los cambios respecto al texto original ha sido mantener las condiciones actuales de jubilación del sector público en los estados y municipios, pese a los esfuerzos del ejecutivo por unificar todo en un solo sistema.

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