El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, envió a sus homólogos europeos una propuesta para fijar un impuesto del 0,2% del valor de las operaciones de compra de acciones de empresas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.

A raíz de la crisis financiera, Bruselas dio permiso a 11 países para que se coordinaran para introducir ese tributo, denominado Tasa Tobin. El primer intentó fracasó, pero en 2018 diez retomaron el proyecto: Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal, Grecia, Austria, Eslovaquia y Eslovenia. Estonia saltó de la lista. En algunos, como en Francia, este impuesto ya existe.

Según el titular alemán, el lunes repartió a los ministros de esos nueve países "una propuesta final" para esa tasa. La oferta llega justo después de que en el seno de los socialdemócratas alemanes se haya impuesto el sector más izquierdista. Ese giro privó a Scholz del liderazgo del partido, pero también puso sobre la mesa de la Gran Coalición la exigencia de virar hacia políticas más progresistas. En este caso, Berlín espera ingresar alrededor de 1.500 millones de euros para financiar el aumento de las pensiones mínimas.

Alemania planea llevar a cabo ese incremento en las retribuciones de entre 1,2 y 1,5 millones de pensionistas en 2021. De ahí la urgencia que Scholz imprimió en su mensaje al resto de ministros para poder preparar el terreno el año que viene y obtener esos fondos. "Estamos, por primera vez desde 2011, en una posición que nos permite llegar a un acuerdo dentro de la cooperación reforzada", rezaba la carta de Scholz a sus homólogos, según France Presse.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dio la bienvenida a la propuesta de Scholz. "Vamos a examinar el texto con detalle para garantizar que el acuerdo final sea tan ambicioso como el impuesto francés, ya vigente", sostuvo. La propuesta de Scholz incluye excepciones para evitar que las empresas alemanas tengan problemas de acceso a los mercados.