Mientras la pandemia de coronavirus todavía arremete, particularmente en América Latina, gremios de todo el mundo nucleados en la Central Sindical Internacional (CSI) ya piensan en un nuevo modelo económico para la recuperación mundial, basado en un Nuevo Contrato Social que genere economías resilientes a nivel global.

"El impacto económico de la pandemia del COVID-19 ha sacado a relucir relaciones de empleo deficientes en lo que respecta a los derechos. El proceso de recuperación conllevará un nuevo modelo para la economía mundial, un renovado compromiso hacia los derechos de los trabajadores y el cumplimiento del Estado de derecho. Hará falta un Nuevo Contrato Social para reconstruir economías resilientes. Pero a menos que se infunda confianza en la democracia, empezando por la democracia en el lugar de trabajo, estarán en peligro los cimientos de nuestras sociedades", aseguró la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

El comentario de Burrow acompañó la presentación del "Indice Global de los Derechos 2020" elaborado por la CSI, en el que se señala que se intensificó la tendencia, por parte de Gobiernos y empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.

Para los gremios de todo el mundo, un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión demuestra la fragilidad de las democracias, sobre todo en los países que restringen el acceso a la justicia. Y con el Índice Global de los Derechos 2020 a la vista, la CSI anticipa que se pedirán respuestas a Gobiernos y empleadores.

Vigilancia

En momentos en que cada día trasciende algo nuevo sobre la trama de espionaje montada desde los servicios de inteligencia durante el macrismo para espiar a dirigentes opositores e incluso propios, la CSI resalta que "una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros".

Burrow, declaró que "estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva".

"Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a Gobiernos y empleadores", resaltó la dirigente.

"Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse" agregó.

"El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos" recalca Burrow.

"Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo".

La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.

Mientras que los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.

La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:

  • En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga
  • En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva
  • Aumentó el número de países donde se impidió el registro de sindicatos 
  • Tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras (Egipto, Honduras, India)
  • El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión subió, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020
  • Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.
  • Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países
  • Se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países.

 

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