El gobierno del presidente Joe Biden extendió la prohibición de desalojos hasta el 30 de junio, informó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.

“Mantener a las personas en sus hogares y fuera de entornos congestionados o congregados, como refugios para personas sin hogar”, dijo Walenski. “Prevenir los desalojos es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19”, agregó la funcionaria.

La decisión se hizo posible gracias a los fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de $1.9 billones de dólares, que permitirá distribuir 21.500 millones de dólares en asistencia de emergencia para el alquiler, de manera tal que se pueda ayudar a las familias.

Las autoridades informaron que para esta iniciativa se simplificaron las reglas aplicadas con el primer paquete de ayuda o la llamada Ley CARES.

“El Departamento del Tesoro continúa administrando el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP) para ayudar a los hogares que no pueden pagar el alquiler y los servicios públicos”, se indicó. “Los inquilinos y propietarios que deseen acceder a asistencia para el alquiler deben solicitarla directamente al programa local”, resaltaron los funcionarios.

Los apoyos a través del HUD también se dirigen a los gobiernos locales y proveedores de vivienda, para aplicar la extensión de la moratoria, especialmente en casos de desalojo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluida la orientación sexual e identidad de género), discapacidad, estado familiar o nacionalidad.

La moratoria de desahucios se aplica a las viviendas que reciben un subsidio del gobierno federal y a aquellos inquilinos que no han ganado en 2020 más de 99.000 dólares o 198.000 si es una pareja que hace conjunta la declaración de impuestos.

Esta moratoria se inició hace un año como parte de los esfuerzos del Gobierno para paliar el impacto de la pandemia, que en Estados Unidos infectó a 39,2 millones de personas y ha causado la muerte de 549.300.

La moratoria, que se extendió en septiembre y en diciembre, ayudó a aliviar las consecuencias de salud pública del desalojo de inquilinos y dio alivio a una "porción sustancial" de los aproximadamente 43 millones de inquilinos en el país, indicó Walenski.

El beneficio se aplica cuando "el individuo es incapaz de pagar el alquiler completo o de pagar toda la cuota de la hipoteca debido a una pérdida sustancial de ingresos, la reducción de horas de trabajo pagadas, el despido o cuando ocurran gastos médicos extraordinarios".