El triunfo de la derecha en los comicios presidenciales en Colombia del 17 de junio pasado consumó el primero de los tres platos fuertes electorales de América Latina para este año. El próximo domingo será el turno de México y en octubre tendrán lugar elecciones en Brasil. Estos tres países reúnen alrededor del 60% de la población y el producto bruto latinoamericanos. Pero su importancia trasciende lo cuantitativo, en la medida en que se constituyen en naciones clave en el equilibrio político y económico de la región y en la vinculación de la misma con Estados Unidos, la principal potencia hemisférica y mundial. Veamos a continuación el contexto en que se desenvuelven los procesos electorales en cada caso.

Colombia y los límites de la paz

Como se esperaba, Iván Duque se impuso en segunda vuelta a su rival socialdemócrata, Gustavo Petro. El joven candidato uribista ocupará la Casa de Nariño el 7 de agosto, poniendo fin a dos gestiones consecutivas de Santos, quien deja el poder con una alta desaprobación. A primera vista, nada raro: victoria de una derecha más extrema que la saliente y continuidad de la estabilidad económica y política en una nación que acaba de entrar a la OCDE y convertirse en aliada de la OTAN.

Sin embargo, analizado en profundidad, el panorama colombiano se ha vuelto cada vez más complejo en los últimos años. Esto se aprecia en la ralentización del crecimiento económico desde 2014 y en el estancamiento en la reducción de la pobreza por ingresos, que sigue superando a un 25% de la población. Con una de las desigualdades más altas de América Latina como trasfondo, no resulta casual que la contracara del triunfo de Duque haya sido la digna derrota de un candidato progresista que accedió al balotaje por la dispersión del voto en primera vuelta.

Otro punto clave es la persistencia de la violencia social y política. Colombia es uno de los países del mundo con más sindicalistas y periodistas asesinados en las últimas décadas y el de mayor cantidad de desplazados internos. La propia campaña electoral se tiñó de muertes, atentados y amenazas no sólo a los grandes referentes políticos del país (como Álvaro Uribe y Petro), sino sobre todo a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el espacio político generado por las FARC. Desde este partido se han denunciado asesinatos a sus filas desde la limitada implementación de los acuerdos de paz de 2016 y la consecuente falta de garantías para su participación política, que es justamente un pilar de los acuerdos.

Así, resulta difícil imaginar cómo avanzará el delfín de Uribe (promotor del NO a los acuerdos de paz en el plebiscito de 2016) en la unión de los colombianos, si es que realmente tiene la voluntad política de hacerlo, como expresó en la noche del domingo 17. Los incentivos para la paz existen y radican en la necesidad de subsumir íntegramente el territorio nacional a la explotación de los recursos naturales y energéticos para reavivar el crecimiento económico. Lo que está en discusión es la forma que tomará esa transición, que no sólo se expresará en el cumplimiento de los acuerdos con la guerrilla, sino también en cómo se desenvuelvan dos relaciones bilaterales clave, con Estados Unidos y con Venezuela. La suspensión de la participación colombiana en la Unasur y la posterior entrada a la OTAN que deja Santos como herencia acaso sean señales que adelanten la orientación que le imprimirá Duque a ese proceso.

México y los límites del cambio

Una similitud entre México y Colombia se aprecia en la imagen negativa del mandatario saliente: Peña Nieto, quien dejará el poder en diciembre, tiene un nivel de aprobación de apenas 20%. En ese marco y a diferencia de Colombia, la nación azteca se encaminaría a revertir la hegemonía electoral que tuvieron las distintas vertientes de la centroderecha neoliberal en las últimas décadas. Esta vez Andrés Manuel López Obrador superaría el próximo domingo al PAN y al PRI para convertirse en el Presidente que gobierne México hasta 2024.

Sin embargo, los obstáculos al experimento político de AMLO se vislumbran lo suficientemente infranqueables como para proyectar un gobierno que genere transformaciones profundas en la estructura económica y social mexicana. El primer límite lo representa la propia coalición electoral, que incluye socios por izquierda (Partido del Trabajo) pero también por derecha (Encuentro Social), lo que implica la necesidad de compromisos y equilibrios internos en la futura estrategia de gobierno.

La segunda barrera radica en la proliferación del narcotráfico y la corrupción en los aparatos de estados nacional y sub-nacional, cuya contracara es la elevada violencia política que azota el país, con más de 23.000 desaparecidos y (al igual que en Colombia) numerosos asesinatos de periodistas, dirigentes sociales y candidatos. En la campaña electoral, AMLO ha propuesto la amnistía de los capos “narco”, lo que implica una capitulación anticipada en una cuestión vital para la propia gobernabilidad.

Desde ya, la cuestión del narcotráfico está íntimamente vinculada a la relación con EE.UU., el gran consumidor de las drogas producidas en territorio mexicano. Más en general y gracias a la profunda integración consagrada a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde 1994, la economía mexicana no puede pensarse por fuera de la relación con el gran vecino del Norte, donde coloca el 80% de sus exportaciones y obtiene cerca del 50% de sus importaciones.

La obligada reconfiguración del TLCAN motorizada por iniciativa de Trump será uno de los grandes desafíos económicos que enfrente el eventual gobierno de AMLO, en el marco de una tensa agenda bilateral que también incluye la crisis inmigratoria en la frontera compartida. El otro será el establecimiento de un plan de gobierno que apunte a desmontar al menos parte de las profundas reformas neoliberales que se implementaron en México desde la década de 1980. El desafío es enorme; la probabilidad de una nueva capitulación, nada despreciable.

Brasil, ajuste explícito e incertidumbre

Si ni en Colombia la transición neoliberal ni en México el cambio de régimen son lo que parecen, la crisis de Brasil es prístina y profunda como para ocultar sus efectos. En el plano económico, se acumulan años de recesión y creciente desempleo, cuyo correlato es el gobierno de un impopular Temer que busca infructuosamente restablecer las condiciones de inversión a costa de los ingresos y derechos laborales y civiles de la gran mayoría de la población trabajadora. En el plano político, si lo que se expresa en las encuestas es una intención de voto atomizada entre candidatos advenedizos (incluyendo a un extremista pro-dictadura como Bolsonaro), lo que subyace es la ilegitimidad que atraviesa a casi todos los partidos importantes como consecuencia de la corrupción condensada en la Operación Lava Jato. Aquí las fracturas están expuestas y es imposible disimularlas.

En ese marco, el encarcelamiento de Lula sin pruebas sólidas refleja el miedo de parte del poder económico a su regreso a la presidencia y su impotencia por encontrarle un candidato que le haga frente. Pero también revela la indudable existencia de la mencionada trama de corrupción, que entrelazó al gran empresariado brasileño con el sistema político en su conjunto (al margen de la polémica delación premiada y la situación judicial específica de Lula). Los referentes del PT no escapan a esta crisis general de legitimidad, sobre todo teniendo en cuenta que el ajuste económico, luego profundizado por el actual gobierno de Temer, fue iniciado en rigor durante la segunda presidencia de Dilma.

En ese escenario, el reciente paro de camioneros y trabajadores petroleros puede ser el prólogo de una situación cada vez más conflictiva en las calles y en las rutas brasileñas, que no cesará con el eventual triunfo de un gobierno de corte progresista. Este panorama se agrava ante situaciones como la militarización de Rio de Janeiro, que es una expresión de la impotencia de los diferentes niveles estaduales por canalizar la violencia social por otros medios, en un país en el que crece la tasa de homicidios y los asesinatos de dirigentes sociales y políticos están a la orden del día.

La incertidumbre sobre lo que sucederá en las elecciones tiene su correlato en otra incógnita de relevancia mayor para nuestro país: cómo será la política exterior de Brasil y su rol en la región en los próximos años. El gigante sudamericano también se fue de la Unasur y se unió al Grupo de Lima. Pero su tamaño relativo en el hemisferio, las crecientes tensiones económicas y geopolíticas globales, la permanencia en el BRICS y la parálisis del Mercosur dejan abierta la incógnita sobre posibles reposicionamientos futuros. Más aun, la continuidad de la crisis doméstica hace pensar que, gane quien gane en octubre, se consolidará un escenario de repliegue y sin grandes definiciones en la estrategia internacional, al menos en el corto plazo.