La fuerte tensión institucional provocada por el presidente Jair Bolsonaro al afirmar que no cumplirá decisiones de uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, derivó en la suspensión de la agenda del Senado hasta el próximo lunes, lo que complicó las reformas del Estado y tributaria impulsadas por el oficialismo como señal a los mercados.

En esa coyuntura, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, de la fuerza de derecha Demócratas, lanzó un fuerte mensaje contra Bolsonaro al cancelar toda la agenda de proyectos luego que el mandatario afirmara el martes ante concentraciones en Brasilia y San Pablo que no cumplirá las decisiones del juez Alexandre de Moares, que investiga una trama oficialista contra las instituciones democráticas.

Según fuentes parlamentarias, la decisión de Pacheco, un líder crítico de Bolsonaro, empantana el proyecto del ministro Paulo Guedes para renegociar las deudas judiciales del Estado y así poner en marcha el plan social Auxilio Brasil, el anunciado reemplazo del Bolsa Familia que el presidente quiere sea su as en la manga para ser reelecto en 2022.

De acuerdo con el diario económico Valor, el mercado financiero considera que las reformas "murieron" con la decisión de Bolsonaro de estirar la cuerda con el STF, lo que alejó a líderes partidarios que no están de acuerdo con esa pelea.

Respuesta

En tanto, el presidente del STF, Luiz Fux, advirtió a Bolsonaro que si se niega a acatar las decisiones de los jueces del máximo tribunal del país estará cometiendo un "atentado a la democracia" y un delito que puede causarla un juicio por destitución del cargo en el Congreso.

Fux leyó un discurso para defender a la Corte y pidió a la población no hacerle casos a los "falsos profetas del patriotismo" que intentan enfrentar "al pueblo contra el pueblo o al pueblo contra sus instituciones".

"Nadie va a cerrar esta Corte", sostuvo el magistrado por el canal TV Justicia.

"Si el desprecio a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de algún poder, esta actitud, además de representar un atentado a la democracia, configura un crimen de responsabilidad, a ser analizado por el Congreso", dijo.