El gobierno del Reino Unido dio un paso importante en la regulación de la inteligencia artificial (IA) al firmar el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

 El tratado internacional está pensado para prevenir el uso indebido de esta tecnología. Este acuerdo, también suscripto por la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, busca establecer salvaguardias contra las amenazas que la IA puede representar para los derechos humanos y la democracia.

 

Un tratado histórico para controlar la inteligencia artificial

La firma del tratado, realizada el jueves, representa un hito en la lucha global por regular el uso de la inteligencia artificial. La ministra de Justicia del Reino Unido, Shabana Mahmood, remarcó que la IA tiene el potencial de "mejorar radicalemente" los servicios públicos y "turboalimentar" el crecimiento económico. Sin embargo, también advirtió que su adopción debe hacerse sin comprometer los derechos humanos fundamentales.

"Esta convención es un paso importante para asegurar que estas nuevas tecnologías puedan aprovecharse sin erosionar nuestros valores más antiguos, como los derechos humanos y el Estado de derecho", afirmó Mahmood.

Objetivos

El Consejo de Europa declaró que el objetivo del convenio es "llenar los huecos jurídicos que puedan derivarse de los rápidos avances tecnológicos". La creciente complejidad de la IA desencadenó una lucha normativa en todo el mundo, con el fin de mitigar los posibles defectos de esta tecnología.

El tratado establece que los sistemas de IA deben cumplir una serie de principios, entre los que se incluyen:

• Protección de datos personales
• No discriminación
• Desarrollo seguro
• Dignidad humana

Se espera que los gobiernos implementen salvaguardias para frenar la difusión de información generada por la IA y evitar que los sistemas se alimenten de datos sesgados, lo que podría conducir a decisiones erradas en áreas como la contratación laboral y la concesión de prestaciones sociales.

Alcance del tratado

Este tratado se aplica tanto a las autoridades públicas como al sector privado. Cualquier empresa o entidad que utilice sistemas de IA deberá evaluar su impacto potencial en los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y hacer esta información accesible al público. Además, los ciudadanos tendrán el derecho de impugnar decisiones tomadas por sistemas de IA y presentar quejas ante las autoridades competentes.

Con esta iniciativa, el Reino Unido y sus socios internacionales buscan establecer un marco global que garantice un uso responsable y ético de la inteligencia artificial, fomentando la innovación mientras se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.