Desde este lunes, los trabajadores de las empresas con 100 o más empleados en Estados Unidos deberán estar completamente vacunados contra el coronavirus (Covid-19) o, de lo contrario, someterse a test semanales. Esto sucede porque entró en vigencia un decreto expedido por el presidente Joe Biden, que todavía está sujeto a lo que decida la Corte Suprema, que puede anular el mandato o mantenerlo vigente. Mientras proliferan las acusaciones cruzadas y las especulaciones sobre la decisión de la Corte, miles de empresas están a la espera. 

El decreto sobre la obligatoriedad de vacunas no está exento de polémica, como sucede en todo el mundo cuando se trata de estas políticas. El viernes pasado, la Corte Suprema escuchó argumentos a favor y en contra del mandato por cuatro horas. “La Corte Suprema generalmente falla sin argumentos orales, por lo que es muy inusual para una audiencia en esta postura”, dijo a HRD Bob Nichols, socio con sede en Houston de la firma de abogados internacional Bracewell LLP.

¿Qué es lo que debaten los jueces antes de dar su veredicto? Si la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) tiene la autoridad legal para hacer cumplir la obligatoriedad de vacunación en las empresas. Según ese organismo, su mandato, sumado a la necesidad de que los no vacunados usen barbijo, podría salvar más de 6.500 vidas y evitar más de 250.000 hospitalizaciones en los seis meses que estaría vigente.

Los ojos están puestos en la Corte Suprema

Sin embargo, muchas empresas y cientos de empleados no están de acuerdo con la medida, algo no inusual en Estados Unidos, donde existe un amplio rechazo a la vacunación, sobre todo desde grupos conservadores, republicanos y simpatizantes de Donald Trump, que en los últimos días alentó la vacunación. Y el rechazo al mandato viene acompañado de multas: si se confirma el decreto de Biden, la sanción mínima por violar el protocolo conlleva una multa de 9.753 dólares, a los que se suman otros 13.563 por día que no se corrija. La sanción máxima asciende a 136.532 dólares, según informaron medios estadounidenses. 

Por todo esto, muchas empresas y negocios locales todavía se encuentran en una disyuntiva: comenzar a aplicar la obligatoriedad o no. Aplicar la norma podría ocasionar problemas con empleados antivacunas y reducción de personal, algo bastante caro en caso de que a los pocos días se revoque el decreto de la obligatoriedad de la vacunación. Pero, en caso de no cumplir y que el decreto se mantenga, podrían enfrentar multas.

“Nuestra recomendación es que los minoristas no se demoren en cumplir con el requisito”, dijo Renée Sunde, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Minoristas de Washington. “Tomarán decisiones individuales sobre cuándo implementar esas políticas, pero solo estén preparados”, agregó.

Todo el mundo está mirando a la Corte Suprema y esperando la decisión final”, dijo Sunde a Komo News. Algunas empresas ya aplicaron su propio protocolo: Starbucks exige inmunización antes del 9 de febrero, la cadena de bancos Citigroup despedirá a quienes no se vacunen y Boeing había impuesto una obligatoriedad que tiempo después fue revocada.

Sin embargo, otras empresas y negocios no tienen un protocolo definido y ya expresaron su deseo de que el Estado les deje administrar su fuerza laboral como ellos les parezca. “No se trata solo de nuestra supervivencia. Es la supervivencia del restaurante de la esquina de todos, grandes y pequeños", lamentó Amy Fair Gunnar, que con su esposo maneja el Portage Bay Café en Seattle que cuenta con 125 trabajadores.

Una pelea que todavía tiene para rato

Se espera que la decisión de la Corte Suprema llegue el próximo jueves, pero nada es seguro. Quizás lo peor es que ni eso dará un cierre definitivo a la cuestión: cualquiera sea el veredicto, se espera que el litigio continúe. Eso beneficiaría directamente al gobierno de Biden, que tendría un buen tiempo para poder aplicar la norma y lograr los efectos deseados. 

Ejemplo de esto es lo que sucedió en diciembre pasado, cuando la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos en Cincinnati falló a favor del mandato de vacunas de Biden para las empresas privadas.

Al levantar la orden judicial del Quinto Circuito de noviembre, el 6.° Circuito permitió a OSHA implementar y hacer cumplir el mandato. Apenas unas horas después del fallo, se presentaron varias peticiones a la Corte Suprema para bloquear el mandato.

“Muchos estados tienen leyes que dicen que un empleador no puede hacer que un empleado pague por exámenes o procedimientos médicos”, reseñó Nichols. “Las grandes empresas que operan en una amplia variedad de estados terminarán pagando por todos los empleados porque lo más probable es que operen en algunos estados donde tienen que pagar”, agregó el abogado.