EEUU acusó a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996
La Justicia anunció cargos por conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves. El caso reabre una herida histórica entre Washington, Miami y La Habana.
El Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996, un ataque en el que murieron cuatro cubanoestadounidenses y que marcó uno de los episodios más sensibles de la relación moderna entre Washington y La Habana.
La imputación fue anunciada en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, frente a la Torre de la Libertad, un edificio cargado de simbolismo para los exiliados cubanos y conocido como "la Ellis Island del Sur". La fecha tampoco fue casual: el acto se realizó hoy, 20 de mayo, día reconocido como la independencia cubana.
Castro, de 94 años, hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro y una de las últimas figuras vivas de la conducción histórica de la Revolución Cubana, enfrenta cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves. Al momento del ataque, era ministro de Defensa de Cuba.
"La acusación envía un mensaje"
Blanche sostuvo que la acusación busca fijar una advertencia política y judicial contra los líderes extranjeros que ataquen a ciudadanos de EEUU.
"Las naciones y sus líderes no pueden tener permitido apuntar contra estadounidenses, matarlos y no enfrentar responsabilidades", dijo el funcionario durante la conferencia de prensa.
El fiscal general interino afirmó que se trata de la primera vez en casi 70 años que altos dirigentes cubanos son acusados por EEUU por la muerte de ciudadanos estadounidenses. También defendió la oportunidad del anuncio ante una pregunta sobre por qué el Departamento de Justicia avanzó recién ahora, tres décadas después del hecho.
Blanche dijo que no podía justificar por qué no se presentaron cargos antes, pero aseguró que hubo un trabajo extenso para reunir la evidencia necesaria y llevarla ante un gran jurado. Según explicó, esa presentación se realizó en abril.
"EEUU y el presidente Donald Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos", sostuvo.
Dos avionetas, cuatro muertos y una herida abierta
Las aeronaves derribadas pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización fundada en 1991 por el piloto cubanoestadounidense José Basulto y otros exiliados. El grupo realizaba misiones sobre el estrecho de Florida para auxiliar a cubanos que escapaban de la isla en balsas improvisadas.
Durante una de esas operaciones, dos avionetas civiles fueron derribadas por un MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana. EEUU sostiene que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional. Cuba, en cambio, afirmó de manera reiterada que las aeronaves violaban su espacio aéreo.
Las víctimas fueron Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno era residente legal en EEUU.
Informes de la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron que los cuatro murieron "como consecuencia de acciones directas tomadas por agentes del Estado cubano en espacio aéreo internacional" y que Cuba actuó sin aplicar los procedimientos estándar de interceptación.
El incidente provocó una reacción inmediata de la administración de Bill Clinton y del Congreso estadounidense, con sanciones y otras medidas contra Cuba. También derivó en la condena de un hombre acusado de entregar a La Habana información sobre las misiones de Hermanos al Rescate.
"Buscamos la verdad durante 30 años"
El subdirector del FBI, Christopher Raia, afirmó que la investigación nunca se cerró en los hechos y calificó como temeraria la conducta del régimen cubano.
"Nunca dejamos de buscar la verdad", dijo Raia, quien aseguró que durante las últimas tres décadas trabajaron 16 equipos del FBI sobre el caso.
El funcionario agregó que EEUU irá detrás de cualquiera que espíe o cause daño a ciudadanos estadounidenses. También presentó el caso como un asunto personal: contó que trabajó para la Guardia Costera en Miami, en misiones humanitarias destinadas a rescatar a refugiados cubanos que intentaban escapar de la isla.
La senadora republicana por Florida Ashley Moody repasó las penas posibles si Castro fuera declarado culpable. Según detalló, el cargo por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses puede implicar prisión perpetua. Los dos cargos por destrucción de aeronaves contemplan hasta cinco años de cárcel cada uno. Las cuatro acusaciones por asesinato pueden tener como pena máxima la muerte o la prisión perpetua.
Los cargos deberán probarse ante una corte estadounidense y todos los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una condena.
La presión de Miami y el nuevo clima con Cuba
La acusación fue celebrada por legisladores cubanoestadounidenses del Partido Republicano que reclamaban desde hacía años una imputación penal contra Castro. Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, Nicole Malliotakis y María Elvira Salazar habían enviado en febrero una carta al Departamento de Justicia para pedir que avanzara con la causa.
Tras el anuncio, los cuatro legisladores definieron la decisión como un "primer paso" para llevar a Castro ante la Justicia.
El caso reaparece en un momento de fuerte tensión entre EEUU y Cuba. La administración Trump presiona al Gobierno cubano para que aplique cambios políticos y económicos, y hasta amenazó con una posible acción militar. El Gobierno estadounidense también declaró que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional.
La isla atraviesa una crisis energética agravada por un bloqueo petrolero posterior al ataque estadounidense contra Venezuela en enero, aliado clave de La Habana. Trump apuntó contra el régimen comunista cubano desde comienzos de año, después del operativo militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.
El martes, el presidente estadounidense dijo que Cuba "realmente necesita ayuda" y señaló: "No pueden encender las luces, no pueden comer".
Raúl Castro dejó la presidencia en 2018 y la secretaría del Partido Comunista en 2021, pero conserva influencia dentro del poder cubano. Horas antes de que se conociera la acusación en Miami, en Cuba circularon anuncios de actos nacionales para celebrar su cumpleaños número 95, previsto para el 3 de junio.

