La jueza federal Waverly Crenshaw ha puesto en tela de juicio las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos al procesar a Kilmar Ábrego, un salvadoreño que fue deportado por error. Según Crenshaw, los cargos presentados podrían tener motivaciones "vengativas", en represalia por una demanda que Ábrego interpuso tras ser expulsado indebidamente a El Salvador durante la administración de Donald Trump. La jueza ha señalado que existe una "probabilidad realista de vengatividad", lo que justifica la necesidad de un descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria.

El caso de Ábrego ha generado controversia, ya que fue deportado en marzo a pesar de una sentencia judicial de 2019 que impedía su expulsión debido al riesgo de persecución en su país de origen. La administración reconoció el error, pero ha continuado intentando evitar su regreso a Estados Unidos. En junio, Ábrego fue devuelto al país para enfrentar cargos por supuestamente participar en una red de tráfico de personas, acusaciones que él niega rotundamente.

La jueza Crenshaw ha advertido que, si se confirma que los cargos fueron motivados por la demanda civil de Ábrego contra la administración Trump, esto podría constituir una violación de su derecho al debido proceso. La legislación federal permite desestimar cargos penales presentados con fines punitivos por ejercer derechos constitucionales, aunque estas peticiones rara vez prosperan. Por ahora, el tribunal ha concedido la solicitud de Ábrego de descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria.

El caso de Ábrego se ha convertido en uno de los más destacados en relación con la política de expulsiones de la administración Trump. La jueza estadounidense Barbara Holmes lo puso en libertad a finales de agosto, marcando un nuevo giro en este complejo proceso legal. Ábrego, quien se ha declarado inocente, ha negado cualquier vínculo con pandillas, y su situación sigue siendo un tema de debate en el ámbito judicial y político.